El Gobierno prohíbe el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada
En medio de una nueva y fuerte escalada de agresiones verbales contra los medios de comunicación, el gobierno de Javier Milei prohíbe desde hoy el acceso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada.
Según confirmaron fuentes del Gobierno a LA NACION, la prohibición abarca a todos los medios que tienen periodistas trabajando diariamente en Balcarce 50. Las razones esgrimidas son dos: la necesidad de profundizar la investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa, por el que periodistas de siete medios tuvieron su ingreso a la sala restringido por más de dos semanas, y la denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, luego de conocerse filmaciones en ese medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.
“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, esgrimieron fuentes oficiales. Y supeditaron la continuidad de los permisos hasta que no avance la causa judicial contra los periodistas de TN.
“Se dejó sin efecto la prórroga de la acreditación 2025, y hasta que no se esclarezca el tema de los videos, no se va a permitir el ingreso a ningún periodista”, abundaron las fuentes del Gobierno, aunque aún no emitieron un comunicado oficial.
Se trata de una medida con pocos antecedentes. La sala de periodistas de la Casa Rosada se mantuvo abierta durante períodos democráticos, y aún durante gobiernos de facto.
Ayer, el Gobierno, a través de la Casa Militar, el órgano mixto encargado de la custodia de la Casa Rosada y la residencia oficial de Olivos, denunció penalmente a dos periodistas de la señal televisiva TN.
Fue luego de que se difundiera una filmación hecha en el interior de la sede de gobierno. Para las autoridades podría haber delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares y cuestiones relacionadas con la seguridad nacional.
La Casa Militar depende de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei, pero desde la sede de gobierno apuntaron a que la decisión de presentar la denuncia fue directamente de los responsables del área, encabezada por el general de Brigada, Sebastián Ibáñez.
En tanto que el presidente, Javier Milei, de viaje en Israel cuando se publicó el material, se hizo eco de lo sucedido a través de las redes. “BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!“, escribió este miércoles por la tarde el mandatario en su cuenta de la red social X, donde viene encadenando insultos contra distintos periodistas.
La denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION, se hizo luego de la emisión del programa, el domingo último, “Y mañana qué”, conducido por Luciana Geuna, en el que se mostraron diferentes áreas de uso común del palacio de gobierno.
La presentación recayó por sorteo en el juzgado federal N°4, de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo. La denuncia fue hecha por Ibáñez y consta de nueve páginas.
Además de Geuna, la acusación alcanzó a Ignacio Salerno, periodista acreditado por TN en la Casa Rosada, a quien, al menos momentáneamente, se le suspendió la acreditación, según pudo saber LA NACION.
Con la denuncia se asegura que se “procura poner en conocimiento de la autoridad judicial el despliegue de actividades subrepticias e ilegales dentro de la Casa de Gobierno”. Y se alude a que, “bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial, lo cual expuso a los funcionarios a riesgos injustificados y, probablemente, generó las condiciones para revelar secretos de Estado relacionados con la rutina del señor Presidente y el funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”.
Para las autoridades de Casa Militar, “la intromisión, exhibida de forma temeraria en televisión y redes sociales, se apartó groseramente de la reglamentación aplicable”, tras lo que citaron a la Resolución 1319 del año pasado de la Secretaría de Comunicación y Medios. Y que también se “de los estándares de buena práctica profesional correspondientes a l a labor de los cronistas acreditados en la Casa Rosada”.