El impacto de las tarifas y la inercia frenan el ancla fiscal
Cada vez que el Indec difunde el Índice de Precios al Consumidor (IPC), resurge el mismo interrogante económico y social: si no hay déficit fiscal y el Banco Central dejó de emitir pesos, ¿por qué la inflación no se desploma más rápido? Desde mediados de 2025, el costo de vida se ha estancado en una meseta más cercana al 3% que al 2% mensual, una cifra que contrasta con las expectativas del presidente Javier Milei. Desde el equipo económico argumentan que esta resistencia no responde a un fracaso del ancla monetaria, sino a la imperiosa necesidad de sincerar la economía mediante la recomposición de los precios relativos.
Durante la gestión de Alberto Fernández, con una inflación acumulada superior al 900%, los servicios regulados como la energía, el agua y el transporte quedaron artificialmente retrasados, evolucionando muy por debajo del promedio de los bienes básicos. Hoy, la estrategia oficial se centra en corregir ese desfase histórico. La magnitud de este ajuste tarifario es tal que eclipsó el reciente debate sobre la postergación de la nueva canasta de medición del Indec, un cambio metodológico que, según las consultoras privadas, apenas hubiera alterado marginalmente el índice final de enero.
La experiencia internacional dicta que los procesos de desinflación profunda en economías con fuerte intervención estatal previa suelen demorar entre 18 y 24 meses en mostrar resultados plenos. El verdadero desafío político para el oficialismo será sostener el rigor fiscal y la tolerancia social mientras el mercado aguarda el momento en que la economía logre, finalmente, quebrar la barrera del 3% mensual.