Luego del escándalo en Diputados, la LLA busca expulsar a Florencia Carignano
Un bochornoso episodio de violencia institucional paralizó la actividad en la Cámara de Diputados de la Nación, desencadenando una ola de repudios y la amenaza concreta de severas sanciones disciplinarias. Durante la convulsionada sesión del último jueves, la legisladora santafesina Florencia Carignano, representante de Unión por la Patria, abandonó su banca para dirigirse al estrado principal. En medio de reclamos a los gritos, desconectó deliberadamente el cableado de los micrófonos y auriculares que utilizaba el cuerpo de taquígrafos. Esta maniobra, orientada a entorpecer el registro oficial del debate, generó un caos inmediato tras un fuerte desacuerdo por cuestiones de estricta rutina parlamentaria.
La magnitud del altercado quedó expuesta gracias a la intervención de la diputada oficialista Lilia Lemoine, quien logró registrar la secuencia con su teléfono celular mientras increpaba a su par opositora por su accionar desmedido, recibiendo una catarata de insultos como respuesta. Tras la masiva viralización del material audiovisual, la máxima autoridad de la Cámara baja, Martín Menem, rompió el silencio este viernes por la noche para condenar enérgicamente el sabotaje. El titular del cuerpo legislativo advirtió que la destrucción o el daño de las herramientas de trabajo conlleva despidos y resarcimientos económicos en cualquier ámbito laboral, subrayando además la extrema gravedad que implica intentar paralizar el funcionamiento normal de un poder del Estado.
Ante este escenario de tensión, las fuerzas que integran La Libertad Avanza y sus aliados comenzaron a delinear una ofensiva legislativa y judicial para castigar la inconducta. La principal estrategia radica en promover el desafuero y la posterior expulsión de la dirigente política vinculada a La Cámpora. Sin embargo, el reglamento interno establece que para aplicar una sanción de esta envergadura se requiere el aval de dos tercios de los legisladores presentes, una mayoría calificada que resulta altamente improbable de alcanzar en el recinto. Pese a estas dificultades aritméticas, el bloque gobernante confirmó que la controversia no quedará allí y avanzará inminentemente con múltiples denuncias penales ante la Justicia.