NACIONALES El Expreso de Salta 17 de febrero de 2026

Diputados de la oposición denunciaron penalmente a Luis Caputo por presunta manipulación de datos del INDEC

Diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien acusan de haber intervenido de manera irregular en el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a partir de la decisión de postergar la aplicación de un nuevo índice de precios al consumidor (IPC) que estaba previsto para comenzar a regir en enero.

La presentación fue impulsada por Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca, quienes sostienen que el titular del Palacio de Hacienda incurrió en una presunta manipulación de los indicadores oficiales de inflación al ordenar que se mantenga el cálculo del IPC con una metodología basada en componentes desactualizados, pese a que el organismo estadístico ya había definido un cambio de base para actualizar la medición.

De acuerdo con el contenido de la denuncia, Caputo habría incurrido en varios delitos: violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos y deberes de confidencialidad, falsificación de documentos públicos y violación del secreto estadístico contemplado en la ley 17.622. La acusación se apoya, entre otros elementos, en manifestaciones públicas del propio ministro en redes sociales.

El trasfondo: el nuevo índice de precios y su impacto

Según explicó Strada, el INDEC había resuelto en octubre de 2025 la implementación de una nueva forma de cálculo del IPC a partir de enero de 2026, en línea con las actualizaciones periódicas que realiza el organismo para reflejar cambios en los patrones de consumo. La denuncia sostiene que Caputo decidió diferir esa entrada en vigencia hasta después de culminar el esquema de recomposición tarifaria, para evitar que los aumentos de servicios públicos se traduzcan de manera más plena en el nuevo índice.

Para la legisladora, esta decisión configuraría un abuso de autoridad, en tanto implicaría una intromisión política directa sobre un instrumento técnico clave del sistema estadístico nacional. Los denunciantes subrayan que la medición de la inflación no sólo refleja la evolución de los precios al consumidor, sino que además tiene efectos concretos sobre la vida cotidiana de la población y sobre múltiples contratos económicos y sociales.

En esa línea, los diputados remarcan que cualquier alteración en la forma de cálculo del IPC puede repercutir de manera significativa en la actualización de jubilaciones y pensiones, en las asignaciones familiares, en las negociaciones paritarias del sector público y privado, y en la indexación de diferentes contratos, tanto en el ámbito estatal como en el privado.

INDEC, independencia técnica y acusación de violación del secreto estadístico

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia radica en la acusación de violación del secreto estadístico. Strada señaló que el propio Caputo, desde su cuenta en la red social X, habría adelantado el resultado de la variación del IPC de enero de 2026 antes de su difusión oficial por parte del INDEC, lo que, según los denunciantes, vulneraría los artículos 13 y 17 de la ley 17.622, que protegen la confidencialidad de los datos procesados por el organismo.

Los diputados opositores recuerdan que el índice de precios al consumidor es uno de los indicadores más relevantes del sistema estadístico nacional y que su credibilidad impacta de forma directa en las expectativas inflacionarias, en las decisiones de inversión, en la política monetaria y en la confianza general en las estadísticas públicas. Por eso, la normativa argentina establece que el INDEC debe operar con independencia técnica y sin interferencias políticas en la producción, validación y difusión de los datos oficiales.

  • La denuncia apunta a la metodología utilizada para medir la inflación.
  • Se cuestiona la postergación del nuevo IPC decidido por el INDEC.
  • Se acusa al ministro de adelantar datos sensibles en redes sociales.
  • Los legisladores advierten por el impacto en jubilaciones y paritarias.

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