Fallo judicial: La Cámara Federal de Salta ordenó el arreglo de la ruta 34 a Vialidad Nacional

La Cámara Federal de Salta ratificó la orden judicial que obliga a la Dirección Nacional de Vialidad a realizar obras urgentes sobre la Ruta Nacional 34, en el tramo comprendido entre Urundel y Salvador Mazza. El tribunal rechazó la apelación presentada por el Estado nacional y dejó firme la medida cautelar que había sido dictada en noviembre pasado por la Justicia Federal de Tartagal.

La resolución, fechada el 2 de febrero de 2026, se dictó en el marco del expediente iniciado a partir de una acción de amparo colectivo promovida por el ex senador nacional Sergio Leavy junto a vecinos de Tartagal y otras localidades del departamento San Martín. Con este fallo, firmado por los jueces de Cámara Luis Renato Rabbi Baldi Canabillas y Ernesto Sola Espeche, confirmó que Vialidad Nacional deberá avanzar con las reparaciones ordenadas y no podrá suspenderlas mientras se discute el fondo de la cuestión.

Qué implica el fallo
El tribunal resolvió rechazar el recurso de apelación presentado por la Dirección Nacional de Vialidad contra la sentencia cautelar del 26 de noviembre de 2025. De esta manera, quedó plenamente vigente la obligación de ejecutar obras de reparación en uno de los corredores viales más críticos del norte argentino, clave para el tránsito regional e internacional hacia Bolivia.

La medida original había sido dictada por el Juzgado Federal de Tartagal tras considerar acreditado el grave deterioro de la calzada, con presencia de pozos profundos, grietas, socavones, deformaciones del asfalto, banquinas en mal estado y falta de desmalezado, condiciones que representan un riesgo concreto para la vida y la integridad física de quienes circulan por la zona.

Qué dijo la Cámara
En su fallo, la Cámara sostuvo que la apelación de Vialidad no podía prosperar porque no demostró un perjuicio concreto. Incluso, el propio organismo reconoció en el expediente que ya realiza tareas de mantenimiento en ese tramo de la ruta. Por ese motivo, los jueces entendieron que la medida cautelar no le impone obligaciones nuevas, sino que refuerza deberes que ya le corresponden por ley.

Además, el tribunal consideró que la orden judicial no invade funciones del Poder Ejecutivo, ya que se limita a exigir trabajos mínimos y urgentes para reducir riesgos en una ruta que presenta pozos profundos, grietas, socavones y banquinas deterioradas, con impacto directo en la seguridad vial.

Las obras ordenadas
La Justicia dispuso que Vialidad Nacional realice, en un plazo de 90 días, tareas de bacheo y repavimentación en ambos sentidos de circulación sobre los sectores más críticos de los 198 kilómetros que unen Urundel, en el límite con Jujuy, y Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia.

Además, el organismo nacional deberá presentar informes cada 30 días ante el juzgado, detallando el avance de los trabajos, los puntos intervenidos y las referencias kilométricas, con el objetivo de permitir un control efectivo del cumplimiento de la orden judicial.