El Consejo de Mayo definió su primera batería de reformas y dejó afuera jubilaciones y coparticipación
El organismo creado por el Gobierno presentará ocho iniciativas vinculadas al Pacto de Mayo, con foco en la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la educación, la reforma laboral y la apertura comercial. Las jubilaciones y la coparticipación quedaron postergadas por falta de consensos.
El Consejo de Mayo avanza en la presentación de su primer paquete de propuestas legislativas, aunque dos temas clave quedaron relegados en esta etapa inicial: la reforma jubilatoria y la coparticipación federal. Según trascendió, el apartado referido a las jubilaciones fue excluido porque, desde el oficialismo, consideran que cualquier modificación en ese sistema debe estar precedida por una reforma laboral que garantice aportes sostenidos y genuinos. Esta visión coincide con la postura que el presidente Javier Milei viene expresando desde el inicio de su gestión: primero los cambios en el mercado laboral y más adelante los ajustes en el esquema previsional.
En cuanto a la coparticipación, los integrantes del Consejo coincidieron en que se trata de una discusión más compleja y de mayor alcance, que demanda la participación y el acuerdo de todas las provincias. Por esta razón, no fue incluida en la primera instancia de presentación de proyectos. El propio diseño del Consejo, que reúne a representantes del Poder Ejecutivo, el Congreso, los gremios, las empresas y los gobiernos provinciales, también influyó en esta decisión, ya que ninguno de sus miembros representa de manera total al sector del que proviene, dificultando la construcción de consensos amplios, especialmente en un tema tan sensible para las jurisdicciones.
En cambio, el Consejo sí avanzará con ocho iniciativas alineadas con los puntos del Pacto de Mayo firmado el 9 de julio de 2024 en Tucumán. Una de ellas está vinculada a la inviolabilidad de la propiedad privada, para cuya redacción se tomaron como referencia proyectos impulsados por el PRO. También se incluirá una propuesta relacionada con el equilibrio fiscal, considerado un principio innegociable por el Gobierno, que contempla compromisos a nivel nacional y también para las provincias. A esto se suma la intención de reducir el gasto público hasta niveles históricos, cercanos al 25% del Producto Bruto Interno, en línea con la política de ajuste y ordenamiento de las cuentas públicas.
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