SALTA El Expreso de Salta 27 de noviembre de 2025

Tras un amparo presentado por Leavy, la Justicia ordenó a Vialidad reparar un tramo de la ruta 34

Se trata del tramo entre Urundel y Salvador Mazza, en el norte provincial. El organismo nacional tiene 90 días para ejecutar tareas de reparación.

En febrero pasado, y ante la inacción del Gobierno de Javier Milei, el senador nacional Sergio Leavy presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal para que el Estado, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, repare algunos tramos en distintos puntos de las rutas nacionales que atraviesan la provincia. Ahora el Juzgado Federal de Tartagal dictó una medida cautelar que obliga a Vialidad a ejecutar, en 90 días, obras urgentes de reparación en el tramo que va entre Urundel y Salvador Mazza.

La acción de amparo colectivo presentada por Leavy junto a vecinos de Tartagal y otras localidades del departamento San Martín advertía sobre el riesgo permanente que implica la circulación por esa ruta, supuestamente estratégica para el transporte regional e internacional con Bolivia.

En este marco, la Justicia pudo acreditar (estaba a simple vista) el grave estado de deterioro de la calzada en distintos sectores: pozos profundos, grietas, socavones, deformaciones del asfalto, banquinas descalzadas y falta de desmalezado. Esto resulta un combo peligroso para la vida de miles de automovilistas y transportistas que circulan por allí todos los días.  
Ahora Vialidad Nacional, de acuerdo al fallo, tiene un plazo de 90 días para ejecutar tareas de bacheo y repavimentación, en ambos sentidos, sobre los sectores más críticos de los 198 kilómetros del tramo comprendido entre Urundel, límite con Jujuy, y Salvador Mazza, en el límite con Bolivia.

El organismo nacional deberá presentar informes cada 30 días ante el juzgado, detallando el avance de las tareas, con identificación precisa de los puntos intervenidos, localidades y alturas kilométricas, para permitir un control efectivo del cumplimiento.

El fallo, entiende, “no implica una intromisión del Poder Judicial en la administración del Estado, sino que apunta a hacer cumplir las obligaciones legales que le corresponden a Vialidad en el mantenimiento de la red vial nacional”.

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