Presentan en el Congreso un proyecto para asegurar el financiamiento de las Universidades Nacionales
Un nutrido grupo de rectoras y rectores miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), decanas y decanos, presentaron a la Comisión de Educación del Honorable Cámara de Diputados de la Nación una propuesta de texto elaborada junto con representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y del Frente Sindical de Universidades Nacionales con el fin de enriquecer los diferentes proyectos ya existentes hacia una nueva Ley de Financiamiento Universitario. La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Aixa Boeykens, participó de la jornada junto a autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Los principales lineamientos de la propuesta, presentada el miércoles 28 de mayo, fueron expuestos por el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa y su vice, Franco Bartolacci, en la Comisión de Educación. Estuvieron acompañados por más 30 rectores y rectoras de universidades públicas de todo el país.
La labor de este documento final inició a partir del trabajo de la comisión ad hoc que se creó con la declaración del último plenario del CIN en San Luis en abril. En esa ocasión, se planteó «ratificar la voluntad de diálogo del sistema universitario y solicitar a las autoridades educativas nacionales un ámbito que permita abordar responsablemente los problemas planteados y encontrar con celeridad respuesta». Entonces, la iniciativa plantea un piso básico de recursos para el funcionamiento y la recomposición salarial. El proyecto consta de 12 artículos. Busca garantizar por ley los fondos para el funcionamiento del sistema universitario para evitar que queden sujetos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Además, establece con precisión los mecanismos de financiamiento y actualización presupuestaria.
El texto del proyecto presentado establece la fuente de financiación, sin crear nuevos impuestos y manteniendo el equilibrio fiscal del Estado nacional. El presidente del CIN, Oscar Alpa, precisó que “implica, básicamente, una reorientación de prioridades del gasto del gobierno nacional” porque “la inversión en educación universitaria no solo es una obligación legal y ética del Estado, sino que, también, constituye una estrategia clave para el desarrollo económico y social del país”.