Vialidad Nacional en la mira: sindicatos exigen al Gobierno frenar la desregulación
La ITF Américas , encabezada por Édgar Díaz, envió una carta al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, expresando su preocupación por los efectos que tendría la desregulación de Vialidad Nacional.
Desde la organización respaldaron al Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) , liderado por Graciela Aleñá, quien alertó que la derogación de la Ley Nº 505 implicaría el vaciamiento del organismo y su absorción por el Estado Nacional sin presupuesto propio.
El sindicato advirtió que esta medida dejaría a Argentina «indefensa y en una situación de incomunicación parecida a la del siglo XVIII», lo que representaría «un retroceso enorme, a contramano de cualquier política de crecimiento e innovación».
Riesgos para la conectividad y la infraestructura vial
Desde la ITF enfatizaron que la falta de infraestructura adecuada afecta diversas áreas clave:
Flujo de mercaderías y acceso a los mercados.
Atención de emergencias , como el tránsito de ambulancias.
Conectividad educativa , dificultando el acceso a escuelas.
Salida de la producción , impactando la economía nacional.
Además, remarcaron el rol estratégico de Vialidad Nacional en el mantenimiento de rutas, la respuesta a emergencias climáticas y su participación en la lucha contra incendios en diversas regiones del país.
Postura de la CATT y exigencias al Gobierno
La CATT, liderada por Juan Carlos Schmid y con Juan Pablo Brey como secretario de prensa, expresó su solidaridad con los trabajadores viales y rechazó la posible desregulación del organismo.
En un comunicado, la confederación exigió «la suspensión inmediata de cualquier medida que busque desregular o privatizar la Dirección de Vialidad Nacional (DVN)».
También demandaron:
Autonomía y presupuesto propio para Vialidad Nacional.
Respeto a los derechos laborales de los trabajadores.
Debate público y transparente sobre el futuro del organismo.
Desde la CATT insistieron en que cualquier reforma debe «beneficiar al pueblo argentino y no responder a intereses privados», en línea con el reclamo de los sindicatos.