En conversación con De Buena Fuente, Otero recordó que la causa se originó en la época del gobierno de Juan Carlos Romero cuando le facilitaron una movilidad por parte del escribano Manuel Brizuela que en ese momento era ministro de Gobierno.

“Siempre fui militante justicialista e incluso fui candidata dentro del partido, realicé trabajo social. La causa era por peculado, es decir malversación de fondo público por funcionario pero sucede que nunca fui funcionaria del Estado, es por eso que solo fui militante partidaria”, explicó.

Otero recordó que cuando la justicia comenzó a investigar al ex secretario de Seguridad, Gustavo Ferraris, por uso indebido de vehículos, apareció un Peugeot 206 que se lo habían prestado a ella que estaba sin movilidad pero simplemente era para entregar mercadería en General Güemes junto a un grupo de mujeres pertenecientes a una ONG.

“Recibimos de mano de ellos el vehículo (Ferraris y Brizuela) en préstamo para el trabajo social. Para mí el vehículo provenía del Ministerio de Gobierno, pensé que era oficial pero después en base a una investigación me entero que lo seguían por mal uso de vehículos al ministro y estaba involucrado. Luego lo devolví porque me enteré que era un auto secuestrado de una causa federal”, indicó.

Pasaron 15 años desde el juicio y Otero fue sobreseída por la Cámara de Apelación. “Me presenté en el juzgado y me informaron que tengo que pasar a retirar el acta de resolución. Siempre supe que era algo de más allá de la justicia. Pensamos que era un daño colateral, en ese momento Brizuela y Ferrari me jodieron, solo quedé yo en la causa. Me sentenciaron a dos años de prisión e inhabilitación de por vida”, aseveró.

Finalmente, Otero adelantó que las cosas no se quedarán así y hará las actuaciones civiles correspondientes contra el escribano Manolo Brizuela y Gustavo Ferrari, quien actualmente es vocal de la Auditoría General de  de la provincia.