El hecho ocurrió el 29 de noviembre de 2015 y tomó relevancia no solo por el accionar de los depravados, sino porque la víctima era una niña con un retraso madurativo y que apenas puede comunicarse. A esto se sumó el hecho de que la jovencita estaba embarazada al momento del ataque sexual y que luego debió ser sometida a un aborto al haberse determinado que el bebé que estaba gestando presentaba una malformación en la parte craneana y "no tenía posibilidades de vida".

A nivel sanitario y judicial también surgieron una serie de irregularidades. A la niña no se le practicó un hisopeado vaginal en el hospital de Alto La Sierra, donde fue llevada tras el ataque. La recolección del material biológico y la comparación genética hubiese sido clave, se dijo en su momento. El caso también trajo aparejada la remoción del fiscal Armando Cazón, al que se acusó de impericia en la investigación, por el que fue sometido a un jury de enjuiciamiento que no prosperó. Por esta situación, se hizo cargo el fiscal Pablo Cabot, quien logró reunir los elementos de prueba para llevar a juicio a los ocho imputados, todos ellos residentes en Alto La Sierra.

Consultada sobre el tema, la defensora de Omar Arias (uno de los imputados en la causa) doctora Sarah Esper, explicaba meses atrás, antes de que se suspenda la primera fecha de inicio del juicio, que “se trata de un caso político, es decir, más allá de que las situaciones políticas fueron rechazadas en la audiencia de juicio, todo el mundo sabe cómo viene la mano. Esta niña no fue violada, o por lo menos no por los muchachos que están detenidos. No saco conclusión porque sea defensora de uno de ellos, sino de lo que hay en el expediente”, aseguró Esper. Además, la abogada explicó que el médico que revisó a la menor, no tenía título habilitante en  Argentina, "sino desde junio del año siguiente cuando el Gobernador emitió un decreto con carácter retroactivo nombrándolo médico mientras dure el programa de contingencia, lo que es una locura. Cuando la revisó, ese decreto no estaba vigente y más allá de eso, por más que tenga fecha retroactiva, no hace desaparecer un delito penal. Luego resulta ser que el médico legal de la policía la revisó y no tenía nada. Ni un desgarro y eso no se borra en dos o tres días”, aseveró.

“Esta niña estaba siendo víctima de abuso antes, tanto es así que el embarazo que ella tenía databa de aproximadamente un mes antes de esta supuesta violación que se ventilará en la audiencia pública. Es más, ese bebé murió por una enfermedad de renovación genética por la que se sospecha que pudo ser el padre o algún hermano con quién se embarazó”, ventiló la letrada.

Además, de todas estas falencias, la abogada dijo que "imputaron a personas solo por el nombre sin apellido ni domicilio. Tiraron una lista con nombres al boleo con chicos que nunca estuvieron. Fue toda una fábrica tremenda, pergeñada por una promesa política que se le hizo a la gente wichí de sacar al criollo de donde estaba. Como no se pudo cumplir con la promesa, se hizo saltar la situación en la Cámara de Diputados, después de que estos chicos habían sido dejados en libertad por una cuestión procesal y luego los vuelven a detener", denunció.

Finalmente, la abogada dijo que uno de los imputados es sobrino del diputado provincial Ramón Villa. “Este joven estuvo prófugo, era el único, pasó como un año en esa situación y supuestamente nadie lo podía agarrar cuando todo el mundo sabía dónde estaba. Así que no vengan a decir que esto no es político”, enfatizó Esper.

En la causa están imputados Jorge Gabriel Salas, Sebastián Matías Salvatierra, Pantaleón Javier Mansilla, Luis Fernando Lamas, Omar Alcides Arias, además de tres jóvenes que al momento de los hechos era menores y que están identificados con las iniciales J.M.S., A.L.S. y E.E.M.