POLICIALES 06 de abril de 2023

Sargento de policía vendía motos secuestradas, fue sentenciado y no podrá ocupar nunca más un puesto público

Un mes le duró la viveza criolla al efectivo policial. Lo delataron las cámaras del depósito policial desde él y un compinche sacaron tres motos que luego vendía como "usadas" por Facebook. Esta semana fueron condenados por el juez Rodríguez Pipino con prisión condicional. pero el policía quedó inhabilitado de por vida a ocupar ningún cargo público.

Las motocicletas en una casa de barrio El Jardín listas para la venta.
Todo comenzó cuando el 11 de febrero de 2023, un oficial principal de la Sección Investigativa Narcocriminal 10, de la Policía de Salta, denunció que el día anterior habían notado la falta de una motocicleta Gilera SMX 200 roja, que había sido secuestra por la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad y que se encontraba allí a espera de turno para ser remitida al depósito judicial.
 
Al tomar intervención en el hecho, Salinas Odorisio ordenó que se inicie una investigación y se revisen las cámaras de seguridad. Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), asignados a la UDEC, pudieron establecer que el 8 de febrero, entre 20:35 y 22:43 desde el interior del predio de la Base Operativa del Sector 3ª, sustrajeron el total de tres motovehículos. Además, observaron la participación de dos vehículos: un automóvil Fiat Palio blanco y una camioneta utilitaria Fiat Fiorino blanca. Y observaron que los conductores se bajan de sus vehículos, dialogan unos segundos y el hombre del automóvil (Maita) ingresa a la Base del Sector 1 para luego salir empujando una motocicleta hasta la camioneta, donde la cargan. Seguidamente se dirige nuevamente a la base del sector y saca otra motocicleta, con el mismo modus operandi. Los conductores conversan por aproximadamente 3 minutos y seguidamente la camioneta se retira. Minutos más tarde l camioneta regresa al lugar, y repiten el procedimiento con una tercera motocicleta.
Del seguimiento de las cámaras de seguridad se pudo establecer que la camioneta se dirigió a un domicilio en barrio El Jardín, en donde se realizaban venta de vehículos usados y autopartes. Además, los investigadores identificaron que el conductor de la Fiorino y dueño del local de venta de autopartes (Colparis) ofrecía motocicletas usadas en su perfil de Facebook, siendo una de ellas la faltante en la Base del Sector 1.
Por otra parte, se individualizó que el conductor del automóvil, Víctor Maita, era un sargento de la Policía de Salta que prestaba servicios en el lugar de donde fueron sustraídos los vehículos.
Tras esos hechos, Maita y Colparis fueron detenidos el pasado 15 de marzo de 2023.
 
SENTENCIAS
Tras admitir su responsabilidad en los hechos, Víctor Ramiro Maita fue sentenciado por el delito de peculado, en calidad de autor, y Andrés Rodrigo Colparis como partícipe necesario del mismo delito. Los vehículos secuestrados fueron decomisados a favor del Estado.
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio abreviado que tuvo lugar el miércoles, en el Juzgado de Garantías 4, Distrito Judicial del Centro.
 
En audiencia multipropósito, el Juez Diego Rodríguez Pipino condenó al sargento ayudante de la policía de la provincia Víctor Ramiro Maita a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos por ser autor del delito de peculado.
Por su parte, Andrés Rodrigo Colparis fue condenado por ser partícipe necesario del delito de peculado a la pena de dos años de ejecución condicional.
 
Además, la fiscal Salinas Odorisio solicitó que los vehículos secuestrados fueran decomisados a favor del Estado, tal como lo prevé el artículo 23 del Código Penal argentino que establece que “en todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros”.

 

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