El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio labró una orden de allanamiento y la justicia ingresó al convento para rescatar a una monja que era privada de su libertad. 

Según consta en las actuaciones, los primeros días de diciembre las autoridades religiosas informaron que para autorizar la salida el Vaticano debía expedirse, sin embargo cuando llegó la documentación tampoco se le permitió abandonar el convento. La damnificada dio aviso a familiares, oriundos de Mendoza, y estos se pusieron en contacto con la justicia salteña para dar aviso de la grave situación, ya que también se le impedía verlos. 

De este modo la  fiscalía envío el miércoles a auxiliares fiscales pero también fueron rechazados y no se puedo recibir la notificación de la justicia, motivo por el que se labró una orden de allanamiento para el convento. Con la intervención de la fuerza pública y la colaboración de Bomberos, se logró ingresar al edificio sin forzar el acceso y rescatar que a la mujer, que luego de una entrevista con las autoridades ratificó su deseo de abandonar el lugar. 

El abogado defensor de la familia,  Guillermo Alberto dio más detalles en diálogo con El Expreso ,"concretamente hubo una denuncia por privación de la libertad, la señora Sandra Díaz dijo que su hermana estaba recluida  y que el claustro le impedía sistemáticamente tener contacto con ella. Se encontraba en pésimo estado de salud con un tratamiento de quimioterapia que tenía que concretar y no tenía respuestas por las autoridades del Convento San Bernardo, así que hicimos la denuncia de inmediato", relató. 

El letrado agregó que "las irregularidades comenzaron por este problema de salud, ella necesitaba salir de manera habitual al médico y necesitaba la contención de la familia, pero no recibían buen trato, y tampoco los dejaban verla regularmente. Incluso se le hizo hacer una carta donde dijera que no quería salir del Convento". 

Según trascendió la mujer ratificó la decisión de abandonar el convento porque "además no quiere formar parte de un claustro que está en conflicto con el Arzobispado de Salta".  

El convento es administrado por María Livia y su esposo, Carlos Obeid, envueltos en constantes disputas por ser promotores de la imagen de la Virgen del Cerro, que no es reconocida por el Arzobispado de Salta. Según testigos presenciales ambos ingresaron por una puerta del costado como si nada en medio del allanamiento.