El Colegio trabaja en la implementación de la “Ley Micaela” en la Institución, la cual establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género a quienes desempeñan funciones en el ámbito público. Por ello, en esta oportunidad, el Dr. Humberto Pedro Burgos (h), y las Dras. Marisa Falconier y Vanina Zamora recibieron a la Secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad Itati Carrique, y a la Subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad Inés Bocanera, con quienes acordaron una agenda de trabajo en común, que incluyen acciones varias tendientes a la efectiva implementación de la Ley Micaela.

El 19 de diciembre de 2018, el Gobierno Nacional argentino sancionó la ley 27.499, más conocida como “Ley Micaela”, que establece la obligatoriedad de la capacitación en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. La ley Micaela surge a partir del femicidio de Micaela García, una joven de veintiún años abusada sexualmente y asesinada en abril de 2017 a la salida de un boliche, en Gualeguay, Entre Ríos, por un hombre con antecedentes de ataques sexuales.

Si bien esta norma, prevé la capacitación obligatoria para agentes del Estado, aplicarla de forma voluntaria en otros tipos de organizaciones, tanto del tercer sector como privadas, es un aporte fundamental para erradicar la violencia de género y también para generar ambientes de trabajo más seguros y saludables, siendo el Colegio de Abogados de Salta la primera institución en concretar esta capacitación sin ser obligatoria aún para el sector privado.

Entre las acciones acordadas por las autoridades del Colegio de Abogados, se encuentran previstas además de la capacitación en la Ley Micaela para todxs lxs miembros del Consejo Directivo, Delegados regionales, Directoras y Directores de Institutos y Comisiones, trabajadores y trabajadoras de la Institución, y abogadas y abogados que se desempeñen en los consultorios jurídicos gratuitos dependientes de la Institución; la celebración de un Convenio de Colaboración entre ambas instituciones y la elaboración de protocolos tendientes a ser implementados en el seno de la Institución.