Esta mañana la fiscal Penal de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio dio una conferencia de prensa para informar los avances de la investigación de la Financiera Rios & Asociados que terminó por destapar toda una red de estafas que vincula a efectivos y superiores de la Policía de Salta. Estuvo presente la directora del Cuerpo de Investigadores Fiscales, Gabriela Buabse.

Levantada la reserva de actuaciones sobre la investigación, la , brindó detalles de la organización, roles y vías legales para los damnificados. Además, informó que dio intervención a la Justicia Federal por la posible comisión del delito de evasión fiscal y/o lavado de activos

“La financiera ilegal conocida con el nombre “Ríos & Asociados” comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y luego abrió una sede en la capital de Salta. Desde el inicio movió, aproximadamente, un capital de 2.219.000.0000 de pesos y 3.265.280 dólares”, informó esta mañana la titular de la Unidad.

Detalló que en los 26 allanamientos realizados fueron secuestrados $ 23.213.960; U$s 60.388; 12 automóviles; 7 camionetas y 2 motocicletas, muchos de alta gama; cédulas verdes; cédulas parcelarias; celulares y bienes muebles recientemente adquiridos.

Además, como resultado de los procedimientos, se secuestraron 4529 contratos (o carpetas, como eran denominadas) y 1739 personas habrían concurrido a la financiera como inversores. La Fiscal Penal recalcó que el número de carpetas y/o de inversores podría variar ya que el número informado responde a lo recuperado en los distintos allanamientos.

En cuanto a las personas implicadas, Salinas Odorisio comunicó que son 21, 15 se encuentran detenidos, siendo 9 de ellos miembros de la Policía de la Provincia (dos comisarios, dos oficiales principales, un cabo, cuatro suboficiales). Dos personas, un hombre y una mujer, permanecen prófugos. Entre los 15 privados de su libertad, la Fiscalía analiza otorgar cuatro pedidos de medidas sustitutivas de detención.

Por otra parte, la UDEC trabaja, en base a la documentación secuestrada, en la definición de los roles y en la determinación de los damnificados o víctimas. Hasta el momento se pudo establecer que la organizadora de la actividad es la mujer detenida días atrás, quien contaba con antecedentes por estafas. La líder era secundada por algunos de los civiles detenidos y, en un tercer escalón de la pirámide, actuaban algunos de los policías como captadores.

La fiscal fue determinante al explicar que el éxito de un Esquema Ponzi radica en la captación de nuevos inversores. En este caso, a través de distintas pruebas reunidas, es posible demostrar los plazos, montos y retornos prometidos por los miembros de la Fuerza Policial, así como la implicación de la comisaría de la División Cobranzas Adicionales.

En cuanto a los cuatro policías imputados pero no detenidos, tres cumplían el rol de seguridad de la financiera y un cuarto es quien habría advertido a la cabecilla sobre los allanamientos que se realizarían, permitiendo así que se diera a la fuga con una importante suma de dinero.

Salinas Odorisio advirtió que, dados los importantes retornos que prometía la financiera -que alcanzaban al 100% de la inversión- y ante la sospecha de que existiría una inyección de dinero que podría provenir del narcotráfico o del lavado dinero, dio intervención a la Justicia Federal por la posible comisión del delito de evasión fiscal y/o lavado de activos.

Además, aseguró que entre los damnificados no sólo se encontraban policías sino también docentes, autónomos y particulares. A los aportantes, damnificados y/o víctimas que consideran que fue vulnerado su interés, Salinas Odorisio les aseguró que cuenta con una causa penal sólida, por lo que no es necesario radicar denuncia para probar el delito de estafa; pero quien se sienta damnificado o víctima de Ríos & Asociados puede radicar una denuncia e ingresar al proceso penal en carácter de víctima.

Si además de víctima, quiere tener un control más exhaustivo de la investigación, puede constituirse en querellante y, de esa manera, actuar con la UDEC en el sostenimiento de la acusación. Por otra parte, alguno considera que la financiera le debe dinero, puede constituirse en actor civil dentro del Proceso Penal o iniciar las acciones civiles por el fuero correspondiente.

La titular de la UDEC fue categórica al señalar que “no es obligación de la Fiscalía la restitución de todo lo debido, sino que el objetivo es volver las cosas al estado anterior al hecho delictivo” y precisó que “si una persona entregó 100 mil pesos de buena fé, debe recibir 100 mil pesos; no el millón al que se había comprometido la financiera ilegal”.