El Ente Regulador de Servicios Públicos publicó el 14 de febrero en el Boletín Oficial el proyecto de reglamentación para la subprestación de los servicios de agua potable y saneamiento que actualmente se encuentra a cargo de particulares y que carecen del debido control. 

La mayoría de los desarrollos inmobiliarios privados no ha culminado los trámites para conformar un consorcio como manda el Código de Aguas, pero captan, transportan, tratan y distribuyen el líquido que les concede la Secretaría de Recursos Hídricos.  

El órgano de control propone la creación del Registro Único de Subprestadores de Servicios Públicos Sanitarios (RUSSPS), que funcionará bajo la órbita del Enresp y busca imponer un período de transición para que regularicen su situación ante la Secretaría de Recursos Hídricos y el Enresp. 

A los efectos de garantizar la salud de los usuarios de estos servicios -que se prestan de hecho-, se pretende que hagan uso racional del agua mediante instalación de caudalímetros, que aseguren la calidad del agua y que paguen seguros de responsabilidad civil y ambiental. 

El proyecto contempla macromedidores para los sistemas de captación y en la salida de las plantas y un programa de micromedición individual en cada domicilio, por lo que se podrán realizar balances de consumo y análisis de pérdidas y/o fugas. 

A la fecha no se ha fijado un canon para abastecimiento poblacional del agua, por lo que estos emprendimientos pagan cifras mínimas por hectárea y por año (aproximadamente $400) en concepto de prorrata. De entrar en vigencia esta normativa, los subprestadores podrían cobrar tarifas autorizadas por el ENRESP a sus usuarios. Hasta la fecha en algunos lugares no se paga y en otros fijan las tarifas los consejos de administración o de propietarios.  

Al respecto, el presidente del Ente, Carlos Saravia, afirmó que: “Este proyecto de reglamentación está para consulta de los interesados por 30 días y esperamos aportes y sugerencias para mejorarlo. El ENRESP solamente quiere seguridad para los usuarios que consumen el agua de operadores que no están autorizados y que deben asumir responsabilidades concretas. La captación del agua debe ser compatible con lo autorizado, deben garantizar calidad del tratamiento del líquido y de los efluentes cloacales y pagar los seguros correspondientes. Es momento de dar trato igualitario a todos los usuarios del agua de la provincia”.