El expediente que solicita el avance, fue habilitado en feria judicial precisamente para verificar el cumplimiento de la resolución judicial, sobre todo después del femicidio violento ocurrido el pasado fin de semana en Alto la Sierra contra una menor de 12 años.

También se contempla la época del año que transcurre, donde las inclemencias del tiempo, como las crecidas de los ríos, suelen aislar a sus habitantes. En tal sentido conocer las medidas que los ministros tomarán para resguardar a los menores es fundamental.

Si bien el plan tiene una vigencia desde septiembre del año pasado hasta diciembre de este, las medidas son urgentes. Los ítems, en los que se busca garantizar el derecho de los niños son: acceso al agua segura, salud, educación, identificación, vivienda, seguridad y otros servicios básicos, entendiendo al Estado como institución clave para asegurar una vida digna para los pobladores de Santa Victoria Este.

El plan de acción surgió en 2016 por la entonces Asesora de Incapaces nº2 de Tartagal, María Eugenia Hernández Berni; cuando entró en conocimiento del caso de una niña víctima de distintas vulneraciones, que expusieron las falencias del Estado para abordar integralmente el acceso a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes de Santa Victoria Este y la población en general.

En aquel entonces, se dejó en evidencia la falta de acciones conjuntas de todo el sistema estatal. “ La situación ha dejado manifiesto la necesidad de implementar políticas públicas que le permitan a la niña y a otras personas de dicho municipio a gozar de los derechos reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes así como también los reconocidos por los diversos Tratados de Derechos Humanos”., dijo Berni en su momento.

Otra medida de inclusión es que las resoluciones y medidas que se tomen en la región deben ser traducidas tanto en lengua wichí como española, para que todas y todos tengan acceso a la información.

Al respecto, la actual Asesora de Incapaces nº2 de Tartagal, María Fernanda Chocobar, expresó que es fundamental verificar el cumplimiento de las metas fijadas entre septiembre y diciembre de 2021, ya que es el Ministerio Público Pupilar el responsable de llevar un control y seguimiento del cumplimiento de la orden judicial.

Fernanda Chocobar informó que constantemente desde la Asesoría se mantiene diálogo con los referentes de salud de las distintas localidades que se encuentran en emergencia sanitaria, para asesorar y coordinar acciones extrajudiciales que permitan actuar de manera eficaz ante cualquier situación de riesgo de niños, niñas y adolescentes.