Culto umbanda de San La Muerte se dedicaba a la trata de personas en V° San Antonio

Una mujer y un hombre fueron imputados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y por su calidad de “ministros de un culto”. Ambos encabezaban una congregación umbanda en Villa San Antonio en la capital salteña, que veneraba a San La Muerte. El fiscal general a cargo de la Unidad Fiscal Federal de Salta, José Eduardo Villalba, formalizó la correspondiente imputación el miércoles por la mañana ante el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio.

Por el momento, el hombre permanecerá en prisión preventiva, mientras que la mujer, quedará afectada al arresto domicilio. El lugar ubicado en el barrio salteño de Villa San Antonio, quedará en embargo preventivo. Los presuntos estafadores utilizaban un auto Volkswagen Gol Trend de una de las víctimas que habían captado, y que ya fue devuelto según lo dispuesto por la justicia..

El caso comenzó en febrero de este año cuando una persona se acercó a realizar la denuncia y luego se sumaron otros testimonios. En la causa se contó con los aportes de la fiscal María Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que coincidió con la fiscalía respecto al encuadre legal del caso.

El fiscal Villalba sostuvo que, bajo la pantalla de líderes espirituales, la pareja acusada se dedicaba a captar personas en estado de vulnerabilidad, para doblegarles la voluntad y así someterlas al ejercicio de la prostitución. Agregó que los dos acusados obligaban a sus víctimas a entregarles entre el 40 y 70% de las ganancias que obtenían por la actividad a la que ellos las inducían.

“Esa captación iba dirigida a personas vulnerables, angustiadas, que llegaban a la congregación en busca de protección. Allí, si bien recibía cierta contención espiritual, a la vez se le generaba en ellos una exigencia de contribución, induciéndolas al ejercicio de la prostitución, para luego quedarse con las ganancias, situación que tenemos por probado ya en, al menos, dos casos”, recalcó el fiscal.

Señaló que el inmueble en el que residen y donde funciona el templo, según las pruebas reunidas, habría sido obtenido gracias al aporte dado por víctimas que fueron captadas e inducidas a prostituirse y realizar pago de cuotas mensuales, para lo cual los acusados no sólo se encargaban de facilitar los lugares para el ejercicio de la prostitución en esta ciudad, sino también en el Estado Plurinacional de Bolivia, tal como surge de las pruebas recolectadas en la investigación.

Recordó también que en el allanamiento practicado en el templo secuestraron, además del vehículo, 18.600 dólares, 61.000 pesos, numerosa documentación que ahora es motivo de pericias y un arma de fuego de la cual la pareja no tenía la documentación, por lo que el fiscal solicitó al juez que declare su incompetencia y se derive el caso a la justicia ordinaria.

“El objetivo de los acusados como líderes espirituales no tenía nada que ver con el culto. No tenemos dudas de ello, aquí están en juego los derechos humanos, pues a partir del dolor de la gente, un dolor funcional a los imputados, se llevó a las víctimas a una vida incompatible con la dignidad humana”, afirmó Villalba.