Los operarios Luis Alberto Rivas Pérez, Cristian Alejandro Huari, Gonzalo Federico Farfán, Marcela Silvana Giménez y los policías, Sergio David Llanes, Néstor Damián Ulloa, Ricardo Ariel Sierralta y Héctor Matías Rodríguez, fueron imputados como autores del delito de homicidio culposo. A Rodríguez se le imputa, además, el delito de vejaciones en concurso real. Todos quedaron en libertad con medidas sustitutivas por el juzgado de garantías, salvo Rodríguez.

En la fundamentación de la acusación, la fiscal Salinas Odorisio sostiene que los efectivos policiales imputados, el día del hecho, interceptaron y demoraron a la víctima con una actuación exagerada para el contexto en el que se desarrollaban los sucesos.

En el caso particular del efectivo Rodríguez, de los registros fílmicos analizados, se puede observar que hace uso inadecuado de la fuerza e inobservando los principios de congruencia y proporcionalidad, sitúa su pie derecho sobre el cuerpo de la víctima, empujándolo para luego, con el mismo pie, apoyarse y presionar sobre su humanidad.

En relación a los operarios, la fiscalía entiende que la policía solicitó la presencia de la ambulancia en varias oportunidades para recién arribar al lugar donde se encontraba el joven, una hora más tarde. Mientras tanto, Ruíz estuvo tirado boca abajo y esposado en la caja del móvil de la policía.

Para Salinas, al ocasionar esta demora, en la que la víctima no recibió la atención necesaria para su supervivencia, es evidencia de la negligencia por parte de los imputados, que cometieron descuido u omisión de las diligencias debidas e impuestas por la prudencia, cuya observancia y previsión, hubieran prevenido el resultado muerte.