Los fiscales penales Ramos Ossorio y Ruiz de los Llanos declinarán la competencia hacia el fuero federal, para que esa jurisdicción continúe con la investigación abierta de oficio, -pero solicitada también públicamente por el Gobernador de la Provincia-, a fin de que se averigüe con la mayor premura quiénes fueron los responsables de incumplir los protocolos sanitarios expresamente establecidos por el Comité Operativo de Emergencia. En el mismo escrito, los fiscales pedirán este martes, que se determine quién o quiénes fueron los autores de los procederes que eventualmente podrían haber infringido el Código Penal por incumplimiento de sus facultades y abuso de autoridad. Esto es así, dado que si existió actuación de funcionarios nacionales y se trata de la seguridad del Presidente de la República, surge la intervención de la Justicia Federal, conforme la normativa vigente.

Es que los elementos probatorios recabados desde el miércoles pasado hasta ahora para determinar la existencia de conducta delictiva y la eventual identidad de sus autor/es o responsables, permitieron inferir la posible comisión de delitos inherentes al ámbito de competencia de la justicia federal, hacia donde la Unidad Fiscal provincial remitirá las actuaciones.

En su presentación, los fiscales recordaron que con motivo de los actos conmemorativos del Bicentenario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, se organizaron diferentes actos, pero de carácter restrictivo atento el crecimiento exponencial de casos positivos de COVID 19. Las restricciones fueron definidas por el Comité Operativo de Emergencia (COE).

Durante el final de la jornada del día 16 de junio y las primeras horas del día 17 de junio, se registraron una serie de episodios –de público conocimiento- que motivaron la conformación de la actuación preliminar del MPF provincial, tendiente a que se investiguen los hechos ocurridos en los aledaños y alrededores del Monumento al General Güemes. De ellos, existen filmaciones que acreditan categóricamente que no se cumplieron las directivas impartidas por el COE, lo que trajo aparejada la renuncia de su titular. En las imágenes de video -informó la Unidad Fiscal- “puede observarse en todo momento la presencia del ministro de Seguridad de la Provincia, coronel (R.E.) Juan Manuel Pulleiro, primero en una de las vallas perimetrales colocadas en forma de anillo e seguridad y posteriormente en el hall de ingreso al Hotel Sheraton y en un sector comprendido entre los anillos de seguridad apostados al efecto”. En ese hotel se hospedó el presidente de la Nación Argentina, quien según los registros fílmicos se encontraba en el lugar antes de sumarse a los actos conmemorativos.

Justamente en las imágenes se observa que un grupo de simpatizantes de Fernández, solicitó que se abra el vallado, pedido que fue acogido favorablemente por el ministro de Seguridad. A continuación, el grupo se dirigió al Hotel Sheraton a vivar al Presidente. En esas imágenes se observa claramente que no se hizo observar -en lo más mínimo- las normas dictadas por el Comité Operativo de Emergencia, en cuanto al distanciamiento social y uso de tapabocas se refiere, sino todo lo contrario. Se ve al ministro de Seguridad junto al grupo en cuestión, en distintos momentos, y en algunos casos, se confirma la ausencia de integrantes de la Policía de la Provincia de Salta. En lo que atañe a la seguridad presidencial, tampoco se avizora en las imágenes, resguardo alguno, sino un alarmante estado de desprotección, que afortunadamente no pasó a mayores, ni hubo consecuencias que lamentar. Y agregó el documento de la Unidad Fiscal que “no hace falta ser un avezado especialista para percatarse que en esos momentos, el Presidente de la Nación estuvo lisa y llanamente desguarnecido”.

Ramos Ossorio y Ruiz de los Llanos sumaron que conforme al Decreto 648/2004, la Casa Militar y las Delegaciones de la Policía Federal Argentina en el interior del país, son las encargadas de cubrir la seguridad del Presidente de la Nación. Ello, sin perjuicio de que en el ámbito local -según el artículo 2º y concordantes de las ley 7742 y modificatorias-, la Policía de la Provincia de Salta ejerce sus funciones en todo el territorio provincial. Las únicas excepciones son los lugares sujetos exclusivamente a la jurisdicción federal, nacional, militar u otra fuerza policial o de seguridad.

Esto quiere decir que la Policía de la Provincia tiene autonomía legal y funcional, depende orgánicamente del Poder Ejecutivo Provincial y según las circunstancias puede actuar de común acuerdo, como complemento o coordinadamente con fuerzas policiales o de seguridad del Estado Nacional. En síntesis: la Casa Militar, tratándose de un organismo nacional es la encargada de custodiar al Presidente de la Nación y a su vez, la Policía de la Provincia, tiene el deber y la misión de cumplir todos los actos de seguridad y vigilancia dentro del territorio provincial, independientemente de cualquier autoridad nacional. Por la organización federal que establece la Constitución Nacional, las policías provinciales no están delegadas en sus funciones a las fuerzas nacionales. Es más: el artículo 24 de la ley 24.059 de Seguridad Interior, faculta al Gobernador de la Provincia a requerir auxilio de las fuerzas nacionales en casos de conmoción interior y es la única excepción en que legalmente pueden complementarse las fuerzas nacionales con las provinciales. Sin embargo, es requerimiento del primer mandatario provincial y no a la inversa.

En cualquier caso, no es lo que sucedió el miércoles 16 de junio pasado. Por ello, consideraron los fiscales, es que no puede alegarse la intervención de funcionarios nacionales impartiendo órdenes en el marco de actuación de la Policía de la Provincia, debido a que la fuerza no está subordinada ni pertenece a la esfera funcional de ningún organismo nacional. Lo cierto es que fue continua la mención pública de nombres y cargos nacionales por parte del Ministro de Seguridad de la Provincia, a los fines de deslindar su responsabilidad en el caso concreto. Adujo que fueron funcionarios nacionales quienes le habrían dado la orden de dejar pasar a los simpatizantes de Fernández, aun a sabiendas de que tanto por el horario como por la cantidad de público autorizada, tal circunstancia no debía ocurrir.

En notas periodísticas o audios, el titular de la cartera de Seguridad provincial en forma insistente sostuvo que una persona denominada “Néstor Mocchia”, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, fue quien le dio la orden de que los simpatizantes pasaran. Esa situación desencadenó otros problemas en las adyacencias del Monumento e incluso generó que el presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, fuese a increpar al Presidente de la Nación sobre el particular.

Tampoco en este último caso se observó que ningún integrante de la Policía Provincial vigilase los movimientos, que vale la pena reiterar, pudieron haber derivado en otros de mayor envergadura o incluso en episodios de inseguridad para el Primer Mandatario. Y ello resulta inconcebible en cuanto a la organización de un dispositivo de seguridad eficiente y alertado, dada la importancia del objetivo que debían cumplir y sin perjuicio de la flagrante inobservancia de las normas sanitarias vigentes y con alcance general para todos los ciudadanos, con la única salvedad del personal esencial exceptuado.

Además, las afirmaciones del Ministro de Seguridad de la Provincia fueron refutadas y desmentidas por el ministro del Interior de la Nación, Eduardo Enrique “Wado” de Pedro, quien sostuvo que desde la Presidencia de la Nación no se dio orden alguna sobre el particular.