El fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos imputó el martes, en una audiencia de formalización de la investigación penal, a 27 funcionarios, en su mayoría concejales, los delitos de defraudación a la administración pública en grado de tentativa e incumplimiento de deberes de funcionario público. Se trata de la cuarta pesquisa en este sentido.

La acusación se realizó ante la jueza subrogante Mariela Giménez, del Juzgado Federal de Garantías N°2 de Salta, quien luego de escuchar la presentación realizada por la fiscalía y los planteos efectuados por la defensa de algunos de los funcionarios, dio por formalizada la investigación penal en los términos expuestos por el Ministerio Público Fiscal.

 

Tal como lo pidió la fiscalía, la magistrada autorizó tareas investigativas por un lapso de 50 días hábiles, tiempo requerido para la realización de informes ambientales, la recepción de informes respecto a movimientos bancarios y determinación de la IP geográfica de las terminales utilizadas por los acusados para la gestión del beneficio.

La imputación penal se extendió al diputado provincial por Santa Victoria Oeste, Osbaldo Francisco Acosta, el intendente de El Quebrachal, Rolando Rodolfo Rojas y el ex gerente de la ANSES - UDAI Sur, Fabio Marcelo Jesús Vera Ramires, quien al momento del hecho era asesor en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. También hacia los concejales Guillermo Alemán, de Aguaray; Raúl Arroyo, María Valdiviezo y Claudia Subelza, de Salvador Mazza; Héctor Barraza y Analía Leal, de Orán; Iván Basterra, de Pichanal; Paula Brete, de General Pizarro; Silvia Concha, de Hipólito Irigoyen; Juan Dávila y Noemí Egüe, de Embarcación; Alfonsina Díaz Magnelli, David Silva y Pérez Stella Maris, de General Güemes; Guillermo Gutiérrez, de Las Lajitas; Norberto López, de Seclantás; Maribel López, de Santa Victoria Este; Hugo Luna Castro y Ricardo Sánchez, de Cachi; Francisco Pereyra, de Rivadavia Banda Norte; Walter Raposo, de Chicoana; Marcos Rosas, de Rosario de Lerma; Carlos Sánchez, de El Potrero y Daniel Tilca, de Vaqueros.

 

Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos, también lleva adelante otros tres procesos similares, seguidos contra un total de 38 funcionarios, entre ellos 26 concejales de distintos municipios, tres empleados con cargos jerárquicos en el PAMI y nueve empleados de la Municipalidad de General Pizarro, en el sur de la provincia.

 

Al momento de presentar el caso, el fiscal, asistido por la secretaria del Área de Casos Complejos Virginia Wierna, señaló que las actuaciones se iniciaron como consecuencia de informes periodísticos difundidos el 23 de julio del año pasado, que daban cuenta de la posible defraudación al Estado Nacional cometida por funcionarios públicos.

 

La sospecha de irregularidades, según las publicaciones difundidas, surgió del entrecruzamiento de información de la página de ANSES con los datos personales de funcionarios electos, la mayoría de ellos concejales, quienes habrían iniciado el trámite para el cobro del “Ingreso Familiar de Emergencia”. Este beneficio, explicó el fiscal, había sido creado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto de Necesidad de Urgencia 310/2020 y tenía por finalidad ayudar económicamente a los sectores más vulnerables frente a la situación de emergencia sanitaria originada por la pandemia.

 

La ayuda económica, según lo estipulado en el decreto y la reglamentación de la autoridad responsable del otorgamiento del beneficio, estaba dirigida a las personas con trabajo informal o en calidad de monotributistas de las categorías más bajas.

 

“La imposibilidad de acceder a este beneficio en caso de encontrarse con un trabajo con relación de dependencia, era uno de los requisitos que fue claramente explicitado en el decreto”, señaló el fiscal en sus argumentos. A diferencia de las investigaciones anteriores, Toranzos sostuvo que los funcionarios ahora acusados hicieron las gestiones para el cobro del IFE; sin embargo, el organismo, mediante el sistema informático implementado para estos casos, rechazó las solicitudes al entrecruzar la información ingresada y detectar que las presentaciones realizadas no cumplían con los requisitos exigidos.

 

 

Más allá de que la maniobra no se llegó a consumar, el fiscal indicó que la sola acción de gestionar el cobro del beneficio indica la intención de dolo por parte de los funcionarios, la cual se encuadra en el delito y grado imputado.

Por otra parte, resaltó la investidura de funcionarios públicos, sobre quienes rigen las normas de ética vigente para la función pública, entre ellas la de proteger los bienes del Estado Nacional, razón por la cual imputó también el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

 

Al prestar declaración durante la audiencia los funcionarios buscaron desvincularse de los hechos brindando disímiles explicaciones respecto a las gestiones imputadas por la fiscalía.

Algunos de ellos, por ejemplo, directamente negaron haber ingresado sus datos en los trámites virtuales para el cobro del IFE y pidieron que se investigue al respecto a fin de determinar a los presuntos responsables, ya que se sentían perjudicados.

Otros, en tanto, sostuvieron que tampoco ingresaron sus datos, aunque sí dijeron que conocían a las personas que lo hicieron, oportunidad en que culparon a hijos, militantes y hasta una nuera, entre otros allegados y familiares.

 

 

También reconocieron haber ingresado los datos con el fin de elaborar instructivos o tutoriales, mientras que otros acusaron señalaron que muchos empleados nacionales y provinciales incurrieron en las mismas maniobras y pidieron que también sean investigados.