Como se recordará, a principios de 2019, se allanó la Municipalidad de Salta en el marco de una investigación federal por emisión de facturas apócrifas, que en mayo del mismo año derivó en la detención del empresario Matías Huergo, acusado de liderar una asociación ilícita. Por aquel entonces, la causa se dividió en dos, por un lado la justicia federal empezó a investigar la defraudación al Estado y una presunta asociación ilicita mientras que la justicia provincial, debía encargarse de lo sucedido en perjuicio del municipio capitalino.

En este marco, el empresario Matías Huergo, realizó una denuncia contra el diputado nacional Martín Grande, a quien lo acusó de ser ideólogo de una acción en su contra que incluyó tareas de inteligencia, escuchas ilegales, detención ilegal, maltrato, amenazas y extorsión, llevadas a cabo por funcionarios de la AFIP y avaladas por funcionarios judiciales de la Justicia Federal de Salta.

Sin embargo, el Juzgado Federal de Salta 2, resolvió desestimar y archivar las actuaciones iniciadas por Huergo debido a que consideraron que “todas las medidas dictadas conforme a los estándares constitucionales y convencionales y que no se trataba – como pretendía sostener Huergo – de prácticas de inteligencia ilegales, sino de diligencias propias de una investigación penal ordenadas por auto fundado del magistrado que intervino”.