SALTA Flavia Pacheco Jorge 22 de febrero de 2021

Damnificados por planes de ahorro piden un créditos al estado para enfrentar sus deudas

En esta ocasión se reunieron en el Campo de la Cruz para marchar en caravana hacia el Grand Bourg con el objetivo de solicitarle al gobernador Gustavo Sáenz, que intermedia ante la Nación para conseguir una asistencia financiera especial a cero tasa de interés, para afrontar las deudas de estos planes.
“Queremos que haya una gestión nacional por parte del gobierno provincial. Ya no podemos permitir de andar especulando sobre qué es lo que va a pasar a fin de año cuando sabemos que vamos a tener un índice que va a superar el 40%de inflación. Estos créditos van a ser los más volátiles en este año. El proyecto contempla la posibilidad de que desde la provincia podamos ver la creación de créditos especiales para los damnificados de los planes de ahorro, crédito que otorgue el Ministerio de Producción de la Nación y de la Provincia al 0% de intereses con cuotas fijas y en pesos”, comentó Rubén Quispe, representante de los damnificados.
Más de 8000 familias se ha visto perjudicadas por la devaluación del peso y la aplicación de intereses inflacionarios conforme a la economía del país durante el gobierno de Mauricio Macri.
“Hoy se paga en un promedio de 26 mil pesos de crédito y arrancamos pagando 3 mil. Lamentablemente, acá hay un descontrol. Ahora, tenemos un problema porque no hemos tenido incrementos salariales y hemos tenido una pérdida del poder adquisitivo justamente porque entramos en un estado pandémico en todo el país. Lo que estamos buscando es salir del sistema de planes de ahorro.”
Una situación complicada y que se agrava al pasar los días. Pero si no pagan las cuotas, ¿qué sucede? Como lo explicó Rubén Quispe, existe una resolución vigente por parte de la Inspección General de Justicia, la cual se venció en diciembre del año pasado pero que fue renovada hasta abril. “Esta resolución inhabilita la ejecución prendaria, como todos saben, por contrato a partir de la cuota 2 cuando entra en estado de morosidad, se hace la ejecución del bien propio. Ahora, con esta resolución vigente no hay ejecuciones prendarias y el estado de morosidad desde el año 2019 a lo que va del 2021 ha aumentado prácticamente en un 30%. Antes una familia se atrasaba en dos o tres cuotas y era llevable el crédito, hoy la misma familia se está atrasando en un promedio de 10 a 12 cuotas y ya es imposible pagar ese monto de cuota. No hay una refinanciación y nos sentimos vulnerables ante esta situación”, puntualizó Quispe.
Los damnificados esperan que durante esta semana el gobierno les dé una respuesta, le ponga un freno definitivo a esta problemática y se pueda avanzar positivamente para mejorar la situación de todos los damnificados.

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