La jueza de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Carolina Poma Salvadores, lo había condenado por ser autor de los delitos de desobediencia judicial (un hecho), lesiones y amenazas en concurso real, y había ordenado que continúe en libertad cumpliendo reglas de conducta. 

Dijeron a lo largo de la sentencia que de las pruebas que fueron incorporadas al debate, además de las agresiones y lesiones ocasionadas, resultó clara la conducta renuente del acusado en este contexto de género. Tuvieron en cuenta que en el caso concreto se ventila un asunto de violencia contra la mujer, lo que actualiza una serie de deberes por parte del estado de actuar con diligencia para prevenir, investigar y sancionar hechos de tal naturaleza, y constituye una cuestión de elevado interés público que motivó la implementación de una política de estado prioritaria y el diseño de una política criminal racionalmente orientada a la tutela efectiva de la mujer en situación de riesgo y vulnerabilidad.