La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Centro, para una menor de edad, imputada como autora del delito de homicidio calificado por alevosía y criminis causa en perjuicio de Rosa del Milagro Sulca, ya que a través de la investigación, se sostiene que la adolescente habría suprimido la vida de la docente, al asestarle puñaladas, con la indudable finalidad de apoderarse de elementos de valor existentes en la morada de su víctima, como ya lo habría realizado en otras ocasiones. Con ello se quiere significar, que la agresora habría causado la muerte para consumar el apropiamiento, como así también para facilitar el éxito de su empresa delictiva, y con ello su impunidad.

En el caso de Martín Oscar Laime, “Loro”, se requirió juicio como autor del delito de encubrimiento agravado, ya que momentos después que la menor consumara el homicidio, se reunió con ella en las inmediaciones, la vio con las prendas de vestir ensangrentadas y lesionada, y le prestó una prenda de abrigo. Permanecieron juntos hasta el día siguiente y existen registros fílmicos y testiminios que ubican a ambos en la vereda de la casa de la víctima horas más tarde.

Asimismo, solicitó el sobreseimiento de Pablo Exequiel Verón como autor del delito de homicidio calificado por alevosía, criminis causa y femicidio, ya que del desarrollo de la investigación, y particularmente, de la reconstrucción del evento, no se advierte indicio probatorio alguno que permita aseverar que el acusado haya participado en la comisión del hecho investigado.

Para los supervisores de demanda ciudadana Marcelo Tintilay Cordeyro y Gabriela Moyano, se requirió juicio como autores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que desempeñándose ambos como funcionarios públicos, incumplieron un acto propio de su cargo, esto es llevar adelante la “supervisión” de las llamadas que ingresan al SE 911 y en su caso, disponer las medidas necesarias para verificar que dicho incidente sea catalogado correctamente y que se asignen los recursos necesarios para asistir en la emergencia .

Para los miembros del Centro de Coordinación Operativa, Héctor Roberto Herrera (despachante policial), Gustavo González (jefe de Despacho de Emergencias Policiales), Domingo Normando Corbera (Supervisor de Despacho) y los efectivos policiales Antonio Ezequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, se requirió juicio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que cada uno de ellos, incumplió con la función asignada con la consecuencia de la muerte evitable de Rosa del Milagro Sulca.

Finalmente, Salinas Odorisio solicitó el sobreseimiento de los operarios de Demanda Ciudadana Pablo Ezequiel Bisón Enriquez y Héctor Fabián Tolaba, imputados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, ya que de las tareas investigativas, surge que ambos actuaron de acuerdo al protocolo de trabajo vigente.