Durante la reunión concretada en Cachi, -que contó con representantes de las comunidades originarias, productores, autoridades provinciales, municipales y legisladores-, la secretaria letrada de la Procuración General de la Provincia, Sofía Cornejo, ratificó que el Ministerio Público Fiscal mantendrá la instancia de mediación penal. Así se acordó el mes pasado, en el marco del conflicto territorial en jurisdicción del municipio de Cachi que tiene como protagonistas a productores de la zona y la Comunidad Las Pailas. El primer encuentro de la mediación prevista, se celebrará durante este mes.

En diciembre pasado, además de una consigna policial, la jueza de Garantías Garantías 8, Claudia Puertas, pidió a la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Provincia, al INAI y al Defensor Oficial Penal, que confirmen si la ocupación de Las Pailas “se encuentra contemplada o no por la emergencia territorial prevista por la Ley 26160”, luego de que el fiscal penal 6, Juan Marcos Ezequiel Molinati comunicara al juzgado que el proceso se sometió a mediación. La ley 26160 de Relevamiento Territorial de comunidades indígenas fue prorrogada en 2017 por ley nacional, que extendió su vigencia hasta noviembre de 2021. La norma exige que la posesión sea actual, tradicional, pública y que se encuentre fehacientemente acreditada.

Con al ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, estuvieron los secretarios de Justicia, Diego Pérez; de Gobierno, Rodrigo Monzo; de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaraz; el subsecretario de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Gustavo Skaf y los coordinadores de Gobierno, Marcela Ocampo y Javier Solá.

En ese contexto, Villada indicó que “el Gobierno no viene a generar más divisiones, sino a tratar de entablar puentes de diálogo efectivo, para terminar con la discordia. Para ello, proponemos la mediación como herramienta para obtener un punto intermedio y el entendimiento voluntario”.

También participaron el presidente del Instituto Provincial de Pueblos Originarios de Salta (IPPIS), Héctor Fabián, el representante legal del pueblo Diaguita, Martín Plaza, el representante de la Asociación de Productores de Fincas de Salta, Raúl Dávalos, el intendente de Cachi, Américo Liendro y los diputados nacionales Martín Grande y Miguel Nanni.