Con modificaciones en el proyecto original, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo municipal. Durante el tratamiento, se desarrolló un intenso debate en el que, concejales apuntaron contra la falta de control por parte del municipio. Por ejemplo, la concejal Romina Arroyo acusó al ejecutivo municipal de no enviar a los inspectores a labrar las actas de infracción: “de los 20 mil baldíos en la ciudad de Salta, hay por lo menos 800 que son focos infecciosos”, indicó Arroyo durante su intervención. Los ediles denunciaron que este año se realizaron sólo 20 actas de infracción, frente a 695 labradas durante 2019.

“No vamos a corregir una conducta únicamente con colocar una multa elevadísima, necesitamos un compromiso con el ciudadano”, manifestó Arroyo más adelante.

El proyecto original establecía multas que iban desde los 4 mil y 9 mil Unidades Tributarias (UT) hasta los 120 mil pesos. Muchos ediles indicaron que el valor de las multas era una expresión de las intenciones recaudatorias del municipio, más que de un intento por preservar la salud de los vecinos. Es por esto que tras las fuertes críticas, los concejales modificaron el proyecto en las comisiones, disminuyendo las multas más altas en hasta 67 mil pesos.