Simesen de Bielke es la nueva fiscal de Derechos Humanos

JUDICIALES 03 de julio de 2020
El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, dispuso que la fiscal Verónica Simesen de Bielke, se haga cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos; que el fiscal penal Gustavo Alberto Vilar Rey, estará a cargo en forma interina de la Unidad Fiscal Contravencional, a partir de su reincorporación. Hasta tanto, seguirá a cargo de la UFICON, la fiscal Gabriela Buabse.
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El Procurador reorganizó las fiscalías, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 82 y 83 del Código Procesal, con el fin de asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones del Ministerio Público Fiscal y aprovechar mejor los recursos humanos disponibles para favorecer la defensa de los intereses por los que el organismo debe velar.

En esa inteligencia, Cornejo consideró las necesidades funcionales de la Fiscalía de Derechos Humanos y de la Unidad Fiscal Contravencional, sin perjuicio de la obligación de las y los fiscales de garantizar el servicio de justicia que deben prestar, cumplir con sus actividades y de realizar todas las medidas que no admitan demora.

Sobre Simesen de Bielke

 La fiscal Verónica Simesen de Bielke se desempeñó como fiscal penal de General Güemes; de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual y de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, donde también tuvo una destacada actuación y fue reconocida por el Procurador por la tarea desempeñada durante la audiencia de debate desarrollada en la Sala VII del Tribunal de Juicio, con la condena a prisión perpetua de los cinco responsables del homicidio calificado de Daniela Guantay.

En febrero pasado, Cornejo puso de relieve el trabajo de Simesen de Bielke y el desarrollado especialmente en este caso, porque su formación y actuación basada en la perspectiva de género, permitieron que los hijos, madre y seres queridos de Daniela Guantay sepan que su femicidio no quedó impune.

Hasta hoy, Simesen de Bielke vino desempeñándose en la Unidad de Delitos Económicos Complejos, cuya función es la de investigación e intervención en las etapas de juicio y ejecución de los casos iniciados por delitos contra la Administración Pública, y desde donde impulsó diferentes investigaciones por fraude, peculado y otros delitos contra el erario público bajo la premisa impartida por el Procurador, de investigar en tiempo real.

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