En medio de una cuarentena obligatoria que lleva más de un mes, en nuestro país y a lo largo de todo el mundo, los repartidores, delivery que trabajan a través de aplicaciones digitales desarrollaron una medida de fuerza con el cese de actividades. 

El reclamo del sector está directamente asociado a la necesidad de contar con medidas de seguridad “básicas” y derechos laborales para poder trabajar ya que, en este sector, están por completo descontadas, y se desempeñan de una manera precaria. 

Por lo visto, las empresas de apps como “rapi”, “glovo”, “allú”, no proveen a los repartidores de elementos de higiene y protección sanitaria, como guantes, barbijos o máscaras, a pesar de que deben estar todo el día en la calle y tratando con comercios y consumidores, con alto riesgo de contagio. Los protocolos que establecieron las empresas son insuficientes y difíciles de cumplir, ya que el pago en efectivo, por ejemplo, los imposibilita a dejar un paquete a dos metros de la puerta.

Con la pandemia creció mucho la cantidad de comercios adheridos a las apps de reparto, además del servicio con farmacias específicamente. Los trabajadores denuncian que desde hace dos años que cobran el mismo monto por el servicio, debiendo trabajar cada vez más para subsistir.

Cabe destacar que, si bien estas aplicaciones y esta modalidad precaria de trabajo se ha instalado hace tiempo ya en nuestro país, inclusive en la provincia de Salta, no existe todavía legislación nacional o provincial que regule y preserve la seguridad de estos trabajadores.