Más por cansancio que por convencimiento, los empleados de la Cooperadora Asistencial aceptaron sin discusión el llamado a “conciliación obligatoria” iniciado por la Secretaría de Trabajo de la provincia, el viernes por la noche, y decidieron abandonar las instalaciones y volver a sus domicilios, aunque todavía no sepan concretamente cuál será su destino laboral ante el cierre de esta institución. Con esta medida, sólo se puso fin a la protesta, ya que aún falta aclarar qué pasará a futuro. La respuesta del organismo, a cargo del doctor Alfredo Batule, intimó a UPCN a que los empleados dejen el edificio de calle Buenos Aires para iniciar el diálogo entre las partes, y también a la intendenta Bettina Romero, como presidente de la Cooperadora, y a Adriana Leonor Portal, por ser la presidenta delegada por la Municipalidad, al frente de la institución.

Para la Secretaría de Trabajo, la responsable de la Cooperadora es la intendenta Bettina Romero, quien en primeras horas del viernes, había iniciado ya el trámite para convocar a audiencia a sólo 32 agentes que trabajan en los programas descentralizados, para proponerles incorporarlos en la Municipalidad “para darle continuidad a la ayuda a las familias más vulnerables”, según el texto presentado. Pero para la Secretaría de Trabajo, esta propuesta de la intendenta genera más “incertidumbre en los agentes dependientes de la Cooperadora Asistencial, toda que se omite referir y/o aclarar cuál sería el destino de los restantes agentes (que ascienden a 217, conforme informe proporcionado por la misma Cooperadora)”, indica el texto de la convocatoria.

La resolución aclara que la conciliación tiene un plazo de 15 días hábiles, sin embargo, este lunes podría emitir el llamado a reunión entre las partes, para encontrar una solución o empezar a discutir qué pasará con los restantes trabajadores. En ninguna parte, la resolución menciona la responsabilidad del gobierno provincial en el conflicto. En el artículo 2do, intima a UPCN para que los trabajadores dejen sin efecto “toda medida de acción directa… y dispongan a prestar sus servicios de manera normal y habitual”. En el Artículo Nro.3,se dirige a la intendenta como presidenta legal de la Cooperadora, Bettina Romero, y a su delegada Adriana Portal, “a realizar las gestiones pertinentes a fin de atender el conflicto existente y en adelante abstenerse de tomar represalias de ninguna naturaleza con los trabajadores y agentes.. en particular, producir desvinculaciones”. 

De no llegar a ninguna solución, la Secretaría de Trabajo no descarta darle parte al Ministerio de Trabajo de la Nación. Solicita, además, a las partes “a mantener la mejor predisposición para negociar las diferencias y a contribuir a mantener la paz social”.

Finalmente, aclara que sólo se permitirán cinco representantes por cada parte.