El diputado provincial Daniel Lipovetzky explicó que se trata de una iniciativa de la abogada Valeria Carrera, del estudio de Fernando Burlando, quien asumió la representación legal de la familia de Fernando Báez Sosa de manera gratuita, y propuso bautizar a la ley como “Ley Fernando”, en honor al joven asesinado durante la madrugada del sábado 18 de enero.
Carrera, que también tiene un hijo que juega al rugby, conoce a los dos diputados y les acercó la propuesta para que avance en el terreno legislativo.

Técnicamente, la figura legal de la “mano prohibida” no existe en el Código Penal. Sin embargo, en el caso de los boxeadores y los judocas los jueces pueden agravar las penas cuando entienden que hubo un uso de “fuerza desproporcionada”.
Lipovetzky aclaró que la ley Fernando no agravaría las condenas penales ya que las legislaciones porteñas y bonaerense son locales y no pueden modificar el Código Penal de la Nación. Por lo tanto, la norma sólo apuntará a establecer sanciones deportivas tanto para los involucrados como para los clubes.

“Así como en lo clubes trabajan en la promoción de valores como el compañerismo y el trabajo en equipo, creo que no se está trabajando bien en temas como la violencia en grupo. Hay que involucrar mucho más a los clubes porque no alcanza con que los echen después de que pase algo como hizo el club de Zárate. Hay que trabajar preventivamente, y si no lo hacen van a tener sanciones”, explicó el diputado.

Según el primer borrador que acercó Carrera, “se sancionará con la suspensión por una fecha al jugador de rugby mayor de 16 años que protagonice una agresión, lesión, pelea, episodio de violencia, amedrentamiento o intimidación a terceros”. Además, durante la fecha que quede sin jugar para su club el joven deberá asistir a una charla o taller referida a la temática género, respeto de la diversidad, violencia de género o violencia en general.
Sin embargo, si los episodios de violencia se repitieran -tres suspensiones del jugador- “se procederá a la quita de puntos al club”.

Por su parte, el legislador porteño Leandro Santoro aclaró a este medio que la norma todavía está en plena etapa de discusión y espera que sea aún más enriquecida en el ámbito de la Comisión de Deportes de la Legislatura porteña. Además, tanto él como Lipovetzky no descartan la posibilidad de ampliar la norma para que incluya a otros deportes, en particular a los que se basen en la “adquisición de fortaleza física”.
“La idea sería que si sos un deportista federado, lo sos dentro de la cancha y también afuera. Y los clubes y las federaciones también son responsables por lo que hacés”, dijo Santoro.
Y agregó: “Tenemos que buscar la forma de involucrar más a las federaciones y a los clubes para establecer mejores mecanismos de prevención de conductas de esta naturaleza”.
A pesar de pertenecer a partidos diferentes -Frente de Todos y Juntos por el Cambio- ambos legisladores coincidieron en que el trabajo conjunto en esta ley funciona como “gesto para saltar la grieta” en una problemática que requiere la atención de todos los sectores. En esa línea, esperan que actúe como “disparador de un debate más profundo a nivel nacional”.