Caso Jimena Salas: inédita observación a dos fiscales
El Juez de Garantías N 5, Dr. Héctor Martínez hizo lugar al pedido solicitado por el abogado defensor Pedro Javier Arancibia, al encontrar que la información brindada por los fiscales Salinas Odorisio y Torres Rubelt en torno al imputado Nicolás Cajal, esposo de la víctima del atroz crimen de Vaqueros, ha excedido los límites del Código Procesal Penal.
Según el artículo 263 del Código Procesal Penal de Salta: “El Fiscal y el Juez de Garantías podrán informar a la Prensa sólo respecto del hecho del Decreto de citación a audiencia de imputación, sin efectuar apreciaciones sobre la entidad de la participación o culpabilidad de los intervinientes hasta que el Fiscal formule el Requerimiento de Remisión de la Causa a Juicio. Durante toda la investigación podrán formular aclaraciones ante la divulgación de informaciones erróneas o que no se correspondan con los trámites cumplidos”.
El malestar del defensor Pedro Arancibia se hizo sentir al conocer que su cliente Nicolás Cajal había sido objeto de nuevas críticas por la supuesta incorporación de más pruebas en su contra. Esta vez, desde la fiscalía dijeron que había un maletín en su domicilio y que posiblemente haya tenido divisas y drogas. Estos objetos fueron detectados por perros especializados en un procedimiento que se realizó después de casi tres años.
Por lo comunicado, el Juez Héctor Martínez también se le llamó la atención, bajo apercibimiento de ley, al Procurador General, Dr. Abel Cornejo por ser el responsable tanto de los fiscales penales como de la información que se publica desde la página web: www.fiscalespenalesalta.gob.ar/.
Consultado sobre la resolución judicial, Pedro Arancibia dijo: "estamos conformes con la decisión del juez Martínez de poner freno al atropello que implica realizar apreciaciones anticipadas de culpabilidad, puesto que son ilegales e inconstitucionales. Manipular la información dando noticias falsas e incompletas, confunde a la sociedad, genera expectativas irreales y vulnera el constitucional principio de inocencia de cualquier ciudadano. Una acusación excesiva en ésta etapa le provoca injusta e ilegalmente a Nicolás Cajal y a cualquier otro imputado, un reproche social y mediático irreversible".
"Lamentablemente, la publicación de noticias falsas y malintencionadas es una práctica sistemática de los últimos seis meses por parte del Ministerio Público Fiscal y que debe ser sancionada judicialmente como sucedió recientemente para poner las cosas en su lugar y que ésta práctica no se transforme en costumbre ya que daña las instituciones públicas, las garantías constitucionales y los derechos humanos fundamentales", concluyó Arancibia.
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