Con la biblioteca jurídica siempre dividida, el juez federal Sebastián Ramos decidió centrar su decisión en cómo se consiguieron las pruebas y no en el contenido de las mismas, que hablaban nada más y nada menos que de una relación oculta entre el vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia y el gobierno de CABA, de Horacio Rodríguez Larreta. Así, la causa quedará archivada, sin embargo, el dato de la vinculación le abrió los ojos a más de un ciudadano argentino, y abonó a la teoría de Cristina Fernández sobre la existencia del partido judicial. Con esta decisión, se evita también investigar al propio presidente Rosatti, ya que su vocero -según los chats- hablaba de la decisión que días después tomaría el máximo tribunal del país. Además, se conoce en un contexto en el que aún se comenta sobre la excusión de jueces federales con funcionarios porteños a la Mansión del Lago Escondido invitados por directivos del Grupo Clarin.

Todo esto quedará en la nada, al menos para la justicia, luego que el juez federal Sebastián Ramos decidiera absolver a Silvio Robles, el vocero de Rosatti, en una causa derivada del escándalo de los chats con Marcelo D'Alessandro, funcionario con licencia (justamente tomadas a raíz del escándalo) de Horacio Rodríguez Larreta.

Cabe una pregunta: ¿vale el argumento sobre la ilegalidad de la prueba cuando se trata de personas poderosas? En el caso de la dictadura, el poder lo tenían justamente los militares y utilizaban el espionaje contra ciudadanos comunes, para torturar y matarlos, pero en este caso fue al revés.

El abogado Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, en su twitter @miguelnlicht aportó varias pruebas en donde la justicia tuvo otras posturas ante pruebas obtenidas de manera poco clara o violentando derechos. Por ejemplo, cuenta que “no se desestimó la presentación de la DAIA que se basó en dos pilares: a) la declaración de inconstitucionalidad del memorandum y b) la grabación de la conversación de Timmerman.

Ramos intervino ante una denuncia del abogado Gastón Marano contra Robles por presuntas "negociaciones incompatibles", a partir de las supuestas conversaciones entre los involucrados por el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo que surge en la información que fue hackeada del celular del ministro de Seguridad porteño en uso de licencia.

 

Pero -según publica La Política On Line- el magistrado rechazó de plano tener en cuenta pruebas que fueron obtenidas de manera ilegal para continuar con la investigación, lo que establece un antecedente muy fuerte para las otras causas surgidas del escándalo de los chats. 

"El juez debe velar porque no haya injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de las personas sin razón que lo justifique", planteó Ramos, que recordó que ni el Estado ni nadie debe entrometerse en la "vida privada de forma ilegal". "Esta protección, vuelvo a reiterar, sufrió su punto de menoscabo más alto durante la última dictadura militar", recordó el juez Ramos, que remarca sobre la necesidad de reconstruir el estado constitucional de Derecho.

 

"Es inadmisible e insostenible, que un proceso se inicie con prueba violatoria a las mínimas garantías constitucionales, y/o lo que es peor aún, que pueda ser iniciada a través de la comisión de un delito penal", sostiene en el párrafo más duro sobre el intento de usar los hackeos para armar causas.

"No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso, pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal", insiste Ramos, en línea con los argumentos que había tenido nada más y nada menos que el fiscal Carlos Stornelli para desistir de la acusación contra Robles.

 

En lo que pareció un mensaje al oficialismo, el juez Ramos recordó que este mismo criterio lo utilizó al intervenir en una denuncia contra Matías Lammens porque las presuntas pruebas en su contra también habían sido obtenidas de manera ilegal.