La última contradicción del Gobierno ilustra un clima de encierro desenganchado de la densa realidad política, construida en buena medida por el propio oficialismo. Alberto Fernández se dispone a convocar a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar un paquete básicamente económico. Y desde su círculo dejan trascender la repetida idea de convocar a un acuerdo para sellar políticas de Estado, esta vez en el área energética. No registran, al parecer, el quiebre político que paraliza la actividad legislativa. No hay negociaciones serias y, más grave, trepa la ofensiva contra la Corte Suprema y la oposición, en particular Horacio Rodríguez Larreta. Es un diciembre extraño, cargado de operaciones, que proyectan nada bueno para el 2023, año electoral ya iniciado de hecho.

La última semana del 2022 arrancó con Cristina Fernández de Kirchner volviendo al escenario después de la condena en la causa Vialidad. Fue un discurso de grietas, con estudiado tono peronista, y apenas una sola frase, ácida, dedicada al Presidente. En Olivos, se vivió con cierta distensión. La expectativa sigue puesta en recuperar espacio y, en lo inmediato, mejorar la relación con los gobernadores, luego de las idas y vueltas para acomodar una respuesta a la resolución de la Corte que atendió parcialmente el reclamo de la administración porteña por el recorte de fondos de coparticipación.

Precisamente, esas vueltas de la Casa Rosada se llevaron el reproche irónico de CFK y un disgusto o desconcierto entre jefes provinciales. Alberto Fernández dejó atrás el desacato abierto a la decisión de la Corte -en el borde mismo del abismo institucional- y optó por las recomendaciones desde su círculo para eludir el costo y estirar el tema, que sería retomado por el tribunal supremo recién en febrero. Con ese oxígeno al menos temporal, imaginó seguramente bajar un poco el tema en la agenda pública y anotar alguna iniciativa, junto con actos que por ahora tienen módica repercusión frente a cuestiones más densas, políticas además de económicas y sociales.

Fracasado el último y largo tramo del período ordinario en el Congreso, el Gobierno busca instalar sin demoras la convocatoria a una nueva etapa de sesiones extraordinarias. El decreto sería difundido la semana que viene. Y, en principio, incluiría proyectos postergados (impulso a la agroindustria, moratoria para jubilaciones), un nuevo e impreciso blanqueo y un par de iniciativas para mejorar la recaudación con el objetivo -declarado y se verá si excluyente- de atender el flujo de fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Esto último, una señal nada menor.

Las relaciones en el Congreso entre oficialismo y oposición -no sólo Juntos por el Cambio- vienen rotas. Hay algunas conversaciones informales. Pero en Diputados, se quebraron los puentes tendidos en la etapa de Sergio Massa y que en principio parecían sobrevivir con Cecilia Moreau. La presión del kirchnerismo duro sobre la presidente de la Cámara, incluso desde su círculo personal, terminó en escándalo cuando se intentó dar marcha atrás con la representación de los legisladores en le Consejo de la Magistratura.

No está claro si algún referente del bloque oficialista conversó el tema a fondo con el Presidente. Las chicanas seguían circulando después de fracasar el último intento de debate impulsado por el oficialismo y frustrado por el rechazo de JxC, del interbloque de peronistas desalineados y socialistas, y de otros espacios. Había que remontar esa pendiente, pero el caso porteño realimentó la tensión con la Justicia y también con el principal conglomerado opositor.

El último capítulo lo está escribiendo la filtración de chats de Marcelo D’Alessandro y en particular los atribuidos a un intercambio de mensajes con el vocero del titular de la Corte, Horacio Rosatti. El ministro porteño fue sostenido este viernes por Rodríguez Larreta luego de algunas conversaciones reservadas con integrantes de su equipo y después de una difundida reunión virtual con sus funcionarios.

D’Alessandro dijo que se trata de un caso de espionaje ilegal, una maniobra para acceder a su celular y “manipular y adulterar” mensajes. Adelantó que realizará denuncias penales. A pesar de los reparos en algunas franjas de JxC, existe coincidencia en que se trata de una operación con la mira puesta en “desacreditar” a la Justicia uniendo la decisión de la Corte y la condena impuesta a CFK en el caso Vialidad.

Desde la orilla oficialista, las reacciones mostraron una inmediata y elaborada reacción de los bloques de senadores y de diputados. En la cámara que preside CFK, apuntaron centralmente contra Rosatti. Y los legisladores de la otra ala del Congreso retomaron el discurso que habla de un “entramado mafioso” entre jueces y JxC. El ministro Martín Soria sostuvo que la Corte “hace favores políticos a la oposición” y que atenta así contra la democracia. Agregaron declaraciones Eduardo “Wado” de Pedro y Axel Kicillof. Sello K.

En esas horas de nuevas sombras y riesgos institucionales, Alberto Fernández se ocupaba de otro problema: las bajas de diciembre en el equipo presidencial. En esa lista, las más notorias fueron las de Alejandro Grimson, asesor con participación inicial de peso en la letra de los discursos, y Victoria Donda, interventora del Inadi. Casi como contracara, desde el reducido circuito de Olivos se destacaba la próxima incorporación como asesor destacado del ex directivo empresarial Antonio Aracre. Parecía un mensaje a la interna. Poco, cuando llega el desafío 2023 y las tensiones alcanzan a los tres poderes del Estado.