El Gobierno nacional denunció este miércoles al ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, al fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, a cuatro jueces federales y a un CEO del grupo Clarín, por el presunto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas" y, entre otras pruebas, solicitó que se ordene la entrega de celulares de todos los implicados, por la estadía en una propiedad del magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido, Bariloche, en octubre pasado.

Según se informó oficialmente, la denuncia fue presentada por el ministro de Justicia, Martín Soria, ante la fiscalía federal de Bariloche y en base a instrucciones del presidente Alberto Fernández, tal como lo había adelantado el jefe de Estado al hablar en cadena nacional el lunes pasado.

De manera paralela, la fiscal federal interina de esa ciudad María Cándida Etchepare, imputó a todos los involucrados en una causa penal por ese viaje y estadía, en base a una denuncia que presentó el abogado Marcelo Hertzriken Velasco el 24 de octubre pasado, según el dictamen al que tuvo acceso Télam.

Etchepare dispuso medidas previas y advirtió que "llama la atención" que las facturas que se le presentaron por el viaje fueron pagadas "al contado" el "mismo día del vuelo", el 13 de octubre pasado.

En cuanto a la estadía en la estancia de Lewis, declaró como testigo su administrador y entregó facturas de pago del alojamiento que, para la fiscalía, "evidencian una clara discordancia" entre la fecha de emisión, 28 de octubre y la del alojamiento, entre el 13 y 15 de ese mes.

Además, en el dictamen que presentó a la jueza de esa ciudad Silvina Domínguez, la fiscal remarcó que al declarar como testigo, Nicolás Van Ditmar aludió siempre a los ocho pasajeros del vuelo privado que fue a esperar al aeropuerto de Bariloche.

En esa declaración, omitió mencionar que se sumaron otros dos, los directivos del grupo Clarín, llegados en un vuelo comercial de manera casi simultánea y respecto de quienes "no se emitió factura alguna", en relación a Jorge Rendo y Pablo Casey.

"Por instrucción del Presidente de la Nación argentina, Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y, particularmente, lo relacionado a su financiamiento", se indicó en un comunicado oficial en relación a la denuncia del Gobierno nacional.

En la denuncia se pidieron medidas de prueba, entre ellas "la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos".