La secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Itatí Carrique y la subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Inés Bocanera, se reunieron con Milagro Sayago, Rocío García Garro y Lucía de la Vega, abogadas de la red Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, y del Centro de Estudios Legales y Sociales, que se constituyeron como amicus curiae en la causa Miranda Ruiz.

El encuentro fue para interiorizarse sobre la situación judicial de la doctora Miranda, que trabaja como residente en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, y apoyarla, ya que se encuentra imputada luego de intervenir en la realización de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Miranda atendió en septiembre de 2021, junto a un equipo interdisciplinario, a una mujer adulta que solicitó una ILE. Luego de constatarse la causal salud, de recibir el aval de las autoridades jerárquicas del hospital y de obtener el consentimiento firmado de la solicitante, se llevó a cabo la práctica que fue medicamentosa. Todos los pasos realizados constan en la historia clínica. 

No obstante la legalidad de procedimiento, una familiar denunció a Miranda y el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Vega, inició una imputación contra la doctora, que llegó a estar detenida por garantizar este derecho, bajo el delito de “aborto sin consentimiento informado” y con la doble denegación de la justicia respecto a su sobreseimiento.

En atención a lo que dispone la Ley 27.610 y el Protocolo de Acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación, la conducta médica de Miranda se ajustó a derecho y, por lo tanto, su persecución no corresponde en un Estado de derecho pleno.

"La actuación legal contra la doctora infringe el acceso a un derecho que está contemplado en nuestra legislación hace más de 100 años. Es inadmisible que una profesional que cumplió con lo que establece la ley sea sometida a este proceso”, expresó Carrique.

Y agregó que, "perseguir y criminalizar a la única médica de Tartagal que garantiza el acceso a esta práctica vulnera el derecho de todas las mujeres de ese municipio que, por distintas razones, necesiten acceder a una ILE o IVE”.

Cabe destacar que el ministro de Salud Pública de la provincia de Salta, Juan José Esteban, como el gerente del hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, Santiago Payo, brindaron su apoyo a Miranda, manifestando que no cometió ningún delito y se ajusta a proceso