JUDICIALES 11 de mayo de 2022

Condenan a cinco concejales y absuelven a tres por la causa de cobro ilegal del IFE

Cinco concejales recibieron condenas que van desde prisión condicional en algunos casos perpetua, en otros, por tres, dos años y en un caso de dos meses. Mientras que tres concejales fueron absueltos. La justicia federal va resolviendo 35 causas por el cobro indebido de la ayuda especial que otorgó el gobierno en tiempos de pandemia. Treinta causas se resolvieron por suspensión de juicio y 17 por conciliaciones, en donde aplicaron penas solidarias.

A instancia del fiscal federal, Ricardo Rafael Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, cinco concejales de distintas localidades del interior de la provincia fueron condenados ayer por el Tribunal Oral Federal N°1, a penas de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos, por el cobro ilegal del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Bajo la modalidad unipersonal, el tribunal -con la intervención del juez Marcelo Juárez Almaraz- decidió condenar a Paola Cantarella, Jesús Cuellar y Gabriela Cazón, ediles de Pichanal, Urundel y Aguas Blancas.
Cantarella y Cuellar recibieron penas de 3 años de prisión condicional, mientras que a Cazón se le aplicó una pena de 2 años de prisión condicional. En los tres casos se impuso además la pena accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En tanto, que al concejal José Osvaldo Reynaga, de Villa San Lorenzo, se lo condenó a un año de prisión y dos de inhabilitación por los mismos delitos en grado de tentativa. La fiscalía había solicitado que se le impusiera una pena de un año y medio de prisión condicional, más tres de inhabilitación por la misma calificación penal que al resto.
Nicolasa Maras, concejal de Los Toldos, fue condenada al mínimo de la pena, un mes de prisión condicional y dos meses de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La fiscalía había solicitado que se la condene a un año de prisión condicional y dos de inhabilitación.
Respecto de absoluciones, el juez Juárez Almaraz decidió no aplicar cargos a otros tres concejales, dos de ellos -Santos Palma y Julio Pedro Laxi, de Animaná y Rivadavia Banda Norte- por pedido de la fiscalía, que los había imputado inicialmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y el tercero, Héctor Sebastián Cari, concejal de Guachipas, fue absuelto por el beneficio de la duda. La fiscalía lo había imputado como responsable del delito de defraudación a la Administración Pública.
Es importante resaltar que treinta casos se resolvieron mediante la aplicación de suspensión de juicio a prueba, y 17 a través de conciliaciones. Estas medidas dejaron un saldo de donaciones de dinero por un total de 1.559.000 pesos, que se destinó a 45 entidades de bien público.

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