El Ministerio Pública Fiscal de la provincia, informó que tras la visita, el pasado lunes 25 de abril, del fiscal de Derechos Humanos, Gabriel González, a la ciudad de Rosario de la Frontera, a fines de verificar el estado de las actuaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos, procedió a la correspondiente toma de declaraciones testimoniales, y otras verificaciones determinadas.

Luego, en base a los testimonios recogidos, el fiscal González, dispuso impulsar las cuatro actuaciones correspondientes a denuncias radicadas en Metán y Rosario de la Frontera en los años 2014 y 1015, notificó a las víctimas sobre la facultad de constituirse en querellantes y/o actores civiles, y ordenó la citación a Audiencia de Imputación al excomisario y actual diputado Gustavo Orlando Orozco para el día miércoles 4 de mayo; a Víctor Hugo Orellana, Diego Leopoldo Arias, Rubén Darío Medina, para el día jueves 5; a Nelson David Rojas y Denis Arnaldo Coronel, para el día viernes 6 de mayo próximo.

Los mencionados están acusado de haber torturados en cuatro hechos distintos a distintas vícticas. El decreto de imputación es por Imposición de Torturas (4 hechos), privación ilegítima de la libertad agravada por el Uso de violencias (dos hechos) y apremios ilegales agravados por la violencia. 

Además, se dispuso la correspondiente notificación a Jefatura de Policía de la Provincia de Salta, ordenando luego de las audiencias de imputación, la remisión de planillas prontuariales de los imputados, en caso de que estos no se encuentren identificados patronímicamente; y se requirió al jefe de Policía, que proceda a la extracción de tres juegos de fichas dactilares para la confección de los registros correspondientes.

La Fiscalía de Derechos Humanos realiza su intervención en base a una denuncia radicada en 2015, por parte de quien entonces era menor de edad. En el relato del denunciante y otros seis testigos detenidos por el mismo hecho, se señala a Orozco y otros policías, como los autores de idéntica metodología de actuación: Primero, los conducían a revisión médica, para luego infringirles torturas, como la colocación de bolsas plásticas en la cabeza, piñas en las costillas, rodillazos en el pecho, meterles la cabeza en el inodoro y tirar la cadena, y hacerlos observar cómo torturaban al otro. A esto se agregaba la posterior amenaza de que, si denunciaban, la pasarían peor. Gritos y llantos de las víctimas, alaridos de los policías, además de los métodos de tortura, fueron las coincidencias en las declaraciones. 

 

La Fiscalía de Derechos Humanos, interviene en la denuncia de 2015 ante la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, contra Gustavo Orozco y demás policías de la Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera. Expresa el denunciante que al enterarse que estaba siendo buscado por la Brigada, se presenta en la Comisaria N.º 31. Al lugar, se presentan Orozco y otros policías, y lo trasladan a una pieza, en el fondo donde comienzan a golpearlo en la cabeza y estómago, pese a que el denunciante sostenía que no había hecho nada y por eso se presentaba en la comisaria. Trasladado a la Base Operativa, le pidieron que se desnude, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza comenzando a asfixiarlo, pegándole varias piñas más. El denunciante señala a Orozco como quien se le acerca y le propina un tortazo en la nuca y una patada en la pierna, quien luego, en la Brigada, le pone una bolsa en la cabeza y le pegaba en el estómago. 

Se inicia sobre una denuncia de 2014 donde una persona expresa que fue detenido aproximadamente por seis policías vestidos de civil, reconociendo a dos, como Orozco y Ale Luna. Señala que, en la Brigada, le pegaron con la mano y lo ahorcaban con el cinto. Después lo llevaron al río y lo ahogaban, lo desnudaron y le pegaban con un palo por el cuerpo y que el palo estaba envuelto con un trapo para que no se noten los golpes. Luego, en el baño del destacamento le metieron la cabeza en el inodoro y también le hacían dar la cabeza contra la pared. Que lo amenazaban con matarlo a él y su familia.

 

La Fiscalía de Derechos Humanos interviene sobre la denuncia de una persona que manifiesta que en 2015 fue detenido por personal policial de civil de la Brigada de Rosario de la Frontera: Gustavo Orozco, Medina, “Piri” y otros tres, sin hacerle conocer la causa. Señala que lo torturaban, lo golpeaban en los riñones, le pisaban la cabeza, lo ahogaban en el inodoro y en un tacho con agua, lo asfixiaban con bolsa. Posteriormente lo amenazaban para que no denuncie, sino lo iban a matar. 

 

35 causas 

El Ministerio Público Fiscal a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, relevó 35 denuncias en contra de Gustavo Orlando Orozco.

Son tres las causas ya tramitadas en Fiscalía de Derechos Humanos, con Decreto de Imputación, Requerimiento de Remisión de Causa a Juicio, Auto de Elevación y Juicio, y con audiencia de debate fijada y suspendida. La última suspensión fue como consecuencia de un Recurso de Casación por denegatoria de un pedido de Sobreseimiento por vencimiento del plazo razonable que planteó la defensa técnica, el Recurso de Casación fue denegado por los Jueces Dres. Guillermo Poliotto y Virginia Solorzano del Tribunal de Impugnación Sala II en fecha 9/09/21. Posteriormente se interpuso Recurso de Inconstitucionalidad local, y la causa se encuentra actualmente elevada a la Corte de Justicia de Salta desde el 15/10/ 21. Oportunamente la Corte de Justicia debió dirimir una cuestión de Competencia y ordenó al Juez de Joaquín V. González, Dr. Sebastián Guzmán, que sea quien intervenga en el plenario. Estas causas son por Imposición de Tortura, Coacción, Vejaciones agravadas por el uso de la violencia y Severidades siendo tres las víctimas en estos hechos. Se creó Unidad Fiscal para el Juicio Oral y Público, integrada por los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Oscar López Ibarra. 

Otra causa de Fiscalía de Derechos Humanos con decreto de imputación, Requerimiento de Remisión de Causa a Juicio y Auto de Elevación a Juicio, ordenando la Jueza de Garantías Edith Rodríguez (interina), que al momento de la efectiva remisión de la causa al Tribunal de Juicio correspondiente se notifique a la Cámara de Diputados en los términos del art. 122 de la Constitución de la Provincia de Salta, a sus efectos. Actualmente la causa se encuentra en trámite ante el Tribunal de Impugnación por un Recurso de Casación planteado por la defensa técnica de Gustavo Orozco por la denegatoria del sobreseimiento por vencimiento del plazo razonable. El 25/04/22 el Tribunal de Impugnación Sala IV, rechazó el recurso de casación esperando el vencimiento de los términos para que vuelvan al Juzgado de Garantías Quinta Nominación.

Otra causa tiene Decreto de Imputación, requerimiento de remisión de la causa a juicio presentado por la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Gabriel González y Verónica Simesen de Bielke, que se encuentra en trámite de elevación en el Juzgado de Garantías N°2 de Metán a cargo de Dr. Mario Dilascio desde fecha 12/11/21, por el delito de Amenaza, ocurrido el 28/07/21 en Rosario de la Frontera.

Con decreto de imputación por Apología del Delito del año 2020, otra causa, tiene pedido de fiscalía de Rosario de la Frontera de clausura provisoria de la investigación penal preparatoria, en junio del año 2021, por prueba pendiente de incorporación, solicitada a Facebook. Fiscal interviniente Dr. Nicolás Rodríguez.

Además de las causas indicadas, aún existen otras actuaciones en trámite de averiguación preliminar, tanto en Fiscalía Derechos Humanos como en Fiscalía de Rosario de la Frontera.

 

Mediante la Resolución Nº 1339, el Procurador General  había encomendado a la Fiscalía Penal de Derechos Humanos que, en el ámbito de su competencia especializada, dé prioridad e imprima celeridad a los casos más graves de violaciones a derechos humanos, como son los supuestos casos de tortura previstos en el art. 144 ter del Código Penal, a fin de evitar que los efectos del delito se sigan cometiendo, como así también instar a las medidas de protección indispensables para resguardas a las víctimas, reunir los elementos que permitan arribar a la verdad de los hechos y procurar que sean eficazmente investigados y enjuiciados en tiempo oportuno.

 En la resolución mencionada, el procurador general Pedro García Castiella solicitó a la Fiscalía de Derechos Humanos tome intervención lo antes posible ante cualquier denuncia ya radicada o que se radique contra personal de las fuerzas de seguridad y/o penitenciaria, por hechos relacionados con estas prácticas delictivas aberrantes; instando a agilizar las investigaciones de modo eficaz y oportuno, reunir los elementos que permitan su enjuiciamiento y sanción penal en caso de corresponder, como también las medidas de protección indispensables para resguardar a las víctimas; incluyendo también en aquella resolución a las restantes fiscalías a  intensificar el control respecto de estos graves delitos.

En ese mismo texto, la Procuración advirtió de la obligación del Estado y todos sus organismos, respecto de asegurar investigaciones eficaces y oportunas, que permitan combatir y  erradicar este tipo de prácticas incompatibles con la condición humana, y la violencia institucional en general, compromiso asumido por la República Argentina ante el concierto internacional, a partir de la adhesión a los tratados e instrumentos internacionales que forman parte de la Constitución Nacional, entre ellos  la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.