La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha escuchado el martes pasado por primera vez a una mujer que fue víctima de violencia sexual en su adolescencia por parte de un familiar. La colombiana Brisa de Angulo Losada denunció que tenía 15 años la primera vez que su primo Eduardo, de 27, abusó sexualmente de ella en su casa, en Cochabamba. “Me violó cada día por ocho meses y me lavó el cerebro para que no dijera nada a nadie”, cuenta horas después de haber declarado en la primera audiencia pública. En la causa Angulo Losada Vs. Bolivia, el miércoles volvió á a dar testimonio sobre los hechos ocurridos dos décadas atrás y por los que ha buscado sin éxito que se haga justicia en el país donde creció.

Angulo Losada relata que, coaccionada por su primo para que no hablase, desarrolló bulimia y anorexia e intentó suicidarse dos veces. Sus padres, alarmados pero sin sospechar lo que sucedía, la llevaron ante una psicóloga, a la que se atrevió a revelar por primera vez los abusos. “Como la mayoría de víctimas de incesto no sabía que lo que me estaba pasando era un crimen. Yo lo odiaba, le decía a él que no quería, pero no tenía la información para saber que era un crimen. Si pensaba en violencia sexual imaginaba un callejón oscuro, un desconocido, no una persona de la familia que me cuidaba y en la que confiaban”, dice por teléfono, antes de agregar que más del 70% de los abusos sexuales en la niñez se dan en el ámbito familiar.

Sus padres le creyeron e hicieron todo lo posible por ayudarla, pero no así el resto de la familia. “Mis tíos, abuelos, primos, me dieron la espalda. Todavía en el día de hoy, cuando daba testimonio en la Corte IDH, una tía y una prima siguieron diciendo cosas horribles, como que soy una mentirosa”, asegura, dolida. La incredulidad por parte de la familia y el encubrimiento al agresor son habituales, subraya su abogada, Bárbara Jiménez, de la ONG Equality Now. “Muchas veces las familias protegen y las víctimas se quedan solas”, agrega la defensora. Esa desconfianza hace aún más difícil que niños, niñas y adolescentes rompan el silencio.

Brisa en un acto en contra del abuso infantil.

La Justicia tampoco le creyó. Cuenta que los profesionales que le realizaron el examen forense se burlaron de ella, la fiscal la culpó por la violación y el juez redujo la acusación de violación a estupro, un delito presente en 17 legislaciones penales de Latinoamérica y que conlleva una pena menor. “Me trataron siempre de la misma forma, como mentirosa, diciendo que hice lo posible por seducirlo. Culpan a las niñas y a las adolescentes de haber hecho algo para ser merecedoras de esa violencia”, denuncia. Veinte años después, el acusado sigue en libertad.

Al no obtener justicia ante los tribunales nacionales, De Angulo Losada llevó su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como parte de su lucha, fundó el primer centro en Bolivia para la atención integral de menores sobrevivientes de abuso y se convirtió en abogada para defenderlos y hacer lo posible para evitar que haya nuevas víctimas.

“Siento mucha emoción por ser escuchada después de tantos años de lucha”, describe al hablar sobre su declaración en la audiencia pública. A diferencia de lo vivido en los tribunales bolivianos, destaca “la dignidad” con la que se ha sentido tratada por los integrantes de la Corte IDH. “No pido dinero ni una reparación sino reformas judiciales que hagan que otros niños no pasen por lo que yo pasé. Mi sueño es que la CIDH establezca estándares legales internacionales para que los países latinoamericanos puedan prevenir estas situaciones a los niños, niñas y adolescentes”, añade.

Sin uso de la fuerza

Entre las peticiones presentadas ante la Corte está cambiar la definición del delito de violación. “Queremos que esté basada en la falta de consentimiento y no en el uso de la fuerza porque deja por fuera situaciones coercitivas donde el uso de la fuerza no está presente, como en las relaciones incestuosas, de abuso de poder o cuando la víctima está bajo el efecto de sustancias”, explica Jiménez. Es el caso de su cliente: “Había intimidación, le decía que si le contaba a su padre, se iba a sentir abochornado y que le iba a hacer lo mismo a sus hermanas”.

Otro de los objetivos es lograr que este tipo de crímenes no prescriban y que haya capacitaciones obligatorias tanto en escuelas como en las distintas instituciones estatales.

La querellante cree que la irrupción del feminismo en el continente y el auge de movimientos como el #MeeToo o el #YoTeCreo han ayudado a visibilizar los casos de violencia sexual contra mujeres y menores de edad y han contribuido a algunos avances sociales y judiciales, pero, a su parecer, queda mucho por hacer. “Personalmente creo que los cambios son muy lentos, es frustrante”, opina. Aún así, espera que su caso sea un paso más en esa dirección.