JUDICIALES 23 de marzo de 2022

Piden llevar a juicio oral a Marcos Levín por otros crímenes de lesa humanidad

Marcos Jacobo Levín, exdueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte; José Antonio Grueso, exjefe de personal de la firma; Víctor Hugo Almirón, ex jefe de la Comisaría Cuarta de Salta y Enrique Víctor Cardozo, ex oficial en la misma dependencia, fueron acusados por el fiscal general Carlos Martín Amad, titular del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, de haber cometidos delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Por esto, el fiscal solicitó que sean llevado a juicio oral y público.

Marcos Levín
El fiscal formalizó la petición este lunes ante el Juzgado Federal N°1, a cargo del juez Julio Bavio, quien ahora deberá expedirse. Este será el segundo juicio que enfrentará Levín por hechos ocurridos durante la última dictadura militar. En el primero fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de un empleado. En este nuevo requerimiento, Amad analizó detalladamente el contexto histórico, la situación local respecto al esquema represivo imperante durante la época del terrorismo de Estado, como también las pruebas reunidas, entre ellas las declaraciones de las víctimas y la documentación recolectada a lo largo de la investigación penal.
Amad acusa a Levín como instigador, a Grueso como partícipe necesario y a Almirón y Cardozo como autores penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad cometidos con abuso funcional agravado por haberse cometido con violencia y amenazas, y por su duración de más de un mes en el caso específico de un detenido (delegado gremial), en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas, hechos cometidos en perjuicio de 17 empleados.
De acuerdo con lo redactado por el fiscal, los hechos fueron cometidos en el marco de los “procedimientos policiales realizados entre los días 20 y el 24 de enero de 1977 en las provincias de Salta y Tucumán”, cuando efectivos de la excomisaría Cuarta de la policía provincial, a cargo de Almirón, detuvieron sin orden judicial a unos 25 trabajadores de la empresa de Levín.
Las detenciones se concretaron en momentos en que prestaban servicio para la empresa, en los domicilios particulares, o bien en la comisaría, adonde habían sido previamente citados a partir de una denuncia formalizada por Levín en la misma comisaría, que fue asimismo un centro de detención clandestino.
La fiscalía sostuvo que la prueba fundamental de la participación de Levín en calidad de instigador provino de las víctimas, quienes en sus testimonios dieron cuenta de la presencia personal del empresario a toda hora en la comisaría Cuarta y en la sala de torturas.

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