Los días martes y miércoles el Ente Regulador de Servicios Públicos llevó adelante las audiencias públicas y no vinculantes convocadas para tratar el aumento propuesto por EDESA y Aguas del Norte en los respectivos servicios. En la misma, las empresas debatieron públicamente con usuarios, organizaciones intermediarias y funcionarios públicos sobre las propuestas que estipulan un 35% de aumento en la luz y en el agua aún se desconoce cuál sería el porcentaje, aunque el último aumento fue del 30%.

Las propuestas de revisión tarifaria serán analizadas por el EnReSP, que se valerá de las intervenciones documentadas durante las audiencias y luego elaborará un expediente mediante el cual se dará tratamiento legal y técnico al pedido realizado. Es decir que la última palabra la tendrá el organismo regulador de servicios públicos, que realizará un análisis técnico y social para determinar mediante una resolución la decisión final. También se apoyará en consultoras externas probadamente calificadas en materia de control y servicios públicos, según informaron fuentes oficiales del organismo. “Existe inflación, eso no lo vamos a discutir, pero también existe un criterio nuestro que es que no se van a otorgar incrementos por encima de lo que han sido las paritarias”, aseguró a este medio Carlos “Uluncha” Saravia.

Sin embargo, muchos usuarios y organizaciones se hicieron eco del descontento con la intención de aumentar los servicios públicos en general. En este sentido, Defensa del Consumidor rechazó en audiencia pública el incremento del 35,4% en la boleta de luz solicitado por la empresa prestataria del servicio en Salta, EDESA S.A. La directora general de Jurídico, Silvina Gallardo, argumentó que el servicio prestado a los salteños, ha sido denunciado en reiteradas ocasiones como deficitario, por lo que no corresponde un incremento en el mismo. Advirtió el momento oportuno por el contexto socioeconómico.

Por eso Defensa del Consumidor pidió que antes de solicitar el incremento, se cumpla con los siguientes ítems: informar el cronograma de obras para saber si las mismas se cumplieron conforme a lo aprobado en incrementos anteriores; que la empresa evalúe la compra de fuentes energéticas renovables para abaratar costos y que, una vez cumplido los puntos anteriores, se convoque nuevamente a una audiencia pública para evaluar un aumento tarifario.

Saravia aseguró que registran aproximadamente 10 mil denuncias por año y que las mismas “se han incrementado exponencialmente” en el último tiempo. Para el abordaje de las quejas, informó que el organismo aplica reducciones de tarifas cuando el servicio no funciona correctamente, como así también, sanciones a las empresas.