Luego de que ayer se diera a conocer el caso de una médica del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal que fue denunciada por garantizar el acceso a una Interrupción Legal del Embarazo a una joven de 21 años, en Salta y en Buenos Aires convocaron a distintas movilizaciones en apoyo a la profesional. El juez de Garantías 2 de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, hizo lugar a lo solicitado por el fiscal Gonzalo Ariel Vega, y ordenó la detención.

En Salta, organizaciones feministas y de Derechos Humanos se convocaron frente al Hospital Materno Infantil y en el Hospital de Tartagal para manifestar el repudio a la detención de la doctora y exigiendo su liberación. En Buenos Aires, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir se convocó frente a la Casa de la Provincia de Salta.

Desde la Asamblea Feminista de Salta aseguraron que "la médica es parte de la Red de Profesionales por el derecho a decidir, y es una de las pocas profesionales que garantiza el derecho a la IVE/ILE en la provincia". Además repudiaron al Poder Judicial "patriarcal" de Salta, "que no busca más que disciplinar a lxs profesionales que dan cumplimiento a los derechos de las mujeres y diversidades". Además, advirtieron que se trata de una persecución a la profesional, ya que la misma denunció al médico Marcelo Cornejo ya que "ofrecía abortos a cambio de sexo".

Por su parte, desde los Organismos de la Mesa de Derechos Humanos también se pronunciaron: "El poder judicial actúa de manera arbitraria y con una política criminal selectiva, que actúa con celeridad para amedrentar a los profesionales que cumplen con la ley, pero hacen la vista gorda con la decena de niñes indígenas que mueren por negligencia del estado".

La delegación provincial en Salta del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) a través de un documento afirmó que "la profesional ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la Historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE". Además, el organismo sostuvo que "este es un caso más en el que se persigue a quienes quieren hacer cumplir la ley de ILE ya que, a raíz de esta detención, Tartagal se queda sin médicos que no sean objetores de conciencia, obstaculizando así el derecho de las personas gestantes del lugar a disponer de sus propios cuerpos".