El caso Arcadio es aquel por el cual se denunció a unas treinta empresas, entre reales y ficticias, que emitían facturas truchas para cobrar por obras, ficticias y reales, a la Municipalidad de Salta, a la empresa Aguas del Norte, y al gobierno provincial, afectando al erario municipal y provincial, y también a la Afip, ante la evasion fiscal evidente. La denuncia recayó en el juzgado Federal Nro. 1, a cargo del doctor Julio Leonardo Bavio, quien llevó adelante la imputación y hasta la detención de algunos involucrados, pero luego planteó que la competencia correspondería a la justicia provincial. Esta decisión fue ratificada por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, por lo que Bavio envió los nueves cuerpos del expediente al juzgado de turno, que resultó ser el cuestionado Juzgado de Garantias Nto. 5. La doctora Edith Rodriguez luego de darle recepción oficial al caso, analizarlo y debía decidir si aceptaba la competencia o no. Si no estaba de acuerdo con lo dispuesto por la justicia federal, debia devolverlo al juzgado de Bavio. ¿Pero qué hizo el juzgado de Garantía Nto. 5? Llamativamente, sin responder ni declarar la "incompetencia negativa", decidió paralizar toda la investigación hasta tanto se resuelva la competencia, es decir, a quien le corresponde investigar, cuando este punto ya fue resuelto por la Cámara Nacional de Casación Penal que resolvió mal concedido el recurso interpuesto por la querellante AFIP, es decir que la competencia es provincial.

"Lo resuelto en ambo fallos de Casación fue comunicado formalmente por este Juzgado Federal a Garantías 5a. Nominación mediante oficial Nro.669/20 enviado por mail de este último tribunal a pensar de lo cual el trámite de la causa continuaría suspendido", aclara Bavio en el comunicado.

Esto en la jerga judicial se conoce como "chicana" judicial para entorpecer el debido proceso. Es más, cabría aqui un llamado para el siempre inactivo e indiferente Consejo de la Magistatura. En el comunicado de prensa, Bavio aclara que si el juzgado de Garantía Nro 5, no estaba de acuerdo con la derivación de la causa, debía devolver el expediente al juzgado de origen (Bavio) que debía continuar con la investigación hasta tanto la Corte Suprema (única autoridad para resolver una incompetencia) resuelve a quien corresponde investigar estos ilícitos, para dar cumplimiento a la "máxima preambular de afianzar la justicia", escribe el magistrado. Para mayor sospecha de que algo huele mal en la Ciudad Judicial es que ningún fiscal observó la irregular decision de la magistrada. Asi, la causa cumplirá el proximo 22 de junio dos años de paralizacion o "cajoneo", como se dice. Todo un escándalo.