Del decreto de imputación, surgió que en septiembre, Yessica Yudith Yulán radicó una denuncia en contra de un hombre con domicilio laboral en la Municipalidad de Apolinario Saravia, por amenazas de muerte y violencia psicológica contra la hija de 17 años de la denunciante y del grupo familiar.

Sostuvo que las amenazas llegaban mediante una cuenta de Messenger y que el denunciado actuaría en venganza por una denuncia de abuso sexual en su contra.

La denunciante dejó constancia que ya existía una denuncia radicada en contra del acusado en la Subcomisaría El Dorado.

También expresó que durante la madruga del 9 y del 10 del mes en curso, intentaron ingresar a su vivienda ubicada en barrio San Roque.

Luego aclaró que por una ventana de su domicilio, cerrado con tapia y rejas, pudo ver a dos hombres, a quienes no pudo reconocer. Sostuvo que vecinos también pudieron verlos sin reconocerlos e remarcó que sospechaba que el acusado tenía que ver con este hecho y que lo hacía responsable por su integridad física y la de su familia.

Además, en la causa fue incorporada una denuncia de Yulán de fecha 24 de septiembre, en la que sostuvo que recibió mensajes con amenazas de usuarios de Facebook y agregó que personas encapuchadas llegaban al frente de su domicilio a golpear las manos y se retiraban velozmente.

Cómo se detectó la falsedad

Para realizar la imputación, la fiscal penal Marcía Celeste García Pisacic, tomó en consideración un informe de tareas de campo realizado por la Unidad Especial de Investigaciones, que concluyó, con la información suministrada por Facebook, que la cuenta de uno de los supuestos amenazadores fue creada con el teléfono celular que la denunciante reconoció como propio durante el allanamiento a su vivienda. Por otra parte, el GPS marcó la ubicación de su domicilio en la fecha y horario en el que la cuenta fue creada.

También fue establecido que otra de la cuentas fue creada con el teléfono celular de una amiga de la imputada.

En sus fundamentos, la fiscal sostuvo que los hechos relatados deben ser analizados en el marco del artículo 245 del Código Penal, que reprime con prisión de dos meses a un año o multa de $750 a $12.500 a quien denunciare falsamente un delito ante la autoridad.

Explicó que con el engaño, la acusada ofendió a la justicia pública, no solo porque se presentó ante la Fiscalía y relató hechos falsos que configuraron la comisión de delitos de acción pública, sino que además, con sus múltiples exposiciones públicas en las que reclamó protección, causó también un perjuicio al sentimiento de seguridad de los ciudadanos.

En relación a la denuncia contra el empleado municipal, hubo cuentas de Facebook que fueron dadas de baja, por lo que no se pudo lograr la investigación a las cuentas informadas. Sin embargo, los elementos colectados en la investigación pudieron determinar la conducta penalmente reprochable de la acusada, no solo por provocar el trabajo estéril e todos los involucrados en el proceso, sino también el dispendio de tiempo y medios del personal policial.

“Todo ello importa una burla y un desprestigio para la justicia, que no puede ser engañada ni debe servir a interés alguno, cualquiera sea el fin que se proponga en la denuncia”, afirmó la fiscal García Pisacic.