La fiscal Salinas Odorisio no compartió el criterio de desestimar las actuaciones y consideró que el fiscal de Rosario de Lerma, omitió la realización de actividades mínimamente idóneas destinadas a colectar mayor información para determinar si el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de Salta, cometió los delitos de incitación a la violencia y apología del delito. El legislador fue denunciado por Nora Leonard, Blanca Silvia Lescano, Juan Manuel Tejerina Castellanos, Fernando Primero Climent, Marcela Fernanda Gutiérrez, Elena Eloísa Rivero, Isabel Soria, Irene Cari, Bertha Graciela Lozano Maggi, Dina Mariela López, Fernando Ruarte, Juan Pablo Bento y Lisandro Sastre, todos con el patrocinio letrado de Noelia Edith Bonneto y Víctor Hugo Sarmiento.

En la denuncia consta que el 22 de octubre pasado, el legislador Ignacio Jarsún publicó en la red social Facebook a través del usuario “Nacho Jarsún”,  las siguientes manifestaciones: “Debe existir la pena de muerte para estas lacras. Violar y asesinar a una nena de 9 años, es lo único que merece. Los vecinos lo mataron con sus propias manos, a este delincuente, que este delincuente, que 3 días antes de cometer el crimen había salido de la cárcel. Estoy muy triste por el final de Abigail, no es justo que ese sea su final, lo que sí es justo es el final de esta lacra que cometió el delito”. Añadieron que el mismo día el legislador fue entrevistado por un portal informativo y ratificó sus dichos al manifestar que: “Es lo que siento como representante, para que la gente sepa como pienso. Estoy en una situación política en la que no quiero ser una persona que quiere quedar bien con todo el mundo, y no meterse en estos temas. Pienso como muchos de la sociedad salteña, un representante que piensa de esta manera y lo hago público, más allá que no tenga impacto en modificar en algo. Siento que no vamos bien y cada vez estamos peor, sino le damos un corte, cada vez se va a poner peor. Yo defiendo lo que pienso con criterio y responsabilidad y tolerancia en base a los que otros piensan. Estoy convencido la pena de muerte es algo que hay que aplicar en Argentina. Es oportuno plantearlo, estoy muy preocupado por la Argentina. Hay caso en que es necesario, son indefendibles, porque hay que mantenerlos después por el Estado, para que salgan por beneficio y  nos pongan en riesgo”.

Los dichos del diputado fueron realizados cuando se supo del crimen atroz de la niña A. R. y posterior homicidio de la persona sospechada de haber sido el autor material, a manos de sus vecinos, en Tucumán. Las y los denunciantes calificaron las manifestaciones del diputado como delictivas y dijeron que trataron de meras opiniones vertidas bajo el amparo de la libertad de expresión, libertad que por cierto, no es absoluta y citaron la jurisprudencia que entienden aplicable al caso.

Odio, desprecio y negación de los Derechos Humanos

Sobre el delito de incitación a la violencia, alegaron los denunciantes que las manifestaciones públicas de Jarsún, en su afán de ofrecer la muerte como solución estatal, además de generar odio – del cual se sintió orgulloso de afirmar que gran parte de la sociedad salteña piensa como él- evidencia un profundo desprecio y negación de los Derechos Humanos en general y de las personas privadas de la libertad, en particular, y que de ninguna manera las afirmaciones vertidas pueden encontrar amparo en la libertad de expresión. “Además de incitar a la violencia, Jarsún demuestra que ni siquiera se encuentra en conocimiento de la dimensión del cargo que ocupa, ya que le guste o no, la población carcelaria forma parte de la sociedad a quien dice y debe representar”, sostuvieron referentes de organizaciones intermedias en su denuncia.

Sobre la apología del delito dijeron que la conducta desplegada por el diputado y que fuera dirigida a un número indeterminado de personas encuadra en la figura penal, cuando consideró justo, meritorio y plausible el hecho de que los vecinos hayan dado muerte con sus propias manos al sospechado de asesinar a una niña, a pesar de que “resulta inadmisible que haya hecho apología de un homicidio calificado por la participación de varias personas y por alevosía”.

Añadieron que los dichos de Jarsún revisten entidad suficiente como para perturbar la tranquilidad y el orden públicos; que sus manifestaciones no fueron en un momento de arrebato, una simple broma o dichos al pasar, sino por el contario: primero fueron expresadas en las redes sociales y luego reforzadas en medios de comunicación, en los que expresó lo plausible que resultaba el linchamiento y ejecución de una persona en manos de otras.

Indicaron que Jarsún, en su calidad de legislador, tiene la obligación ineludible de agotar todos los mecanismos técnicos que tiendan o aspiren a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a la que dice representar, pero de ninguna manera puede siquiera proponer la muerte como única solución estatal posible y efectiva y mucho menos celebrar el homicidio de una persona en manos de otras. “El legislador pone en riesgo a la ciudadanía en general al evidenciar con sus dichos el desprecio a la vida y su incapacidad para cooperar al trazado de políticas públicas estatales”, sostiene la denuncia.

Por ello, la fiscal sugirió distintas medidas que el fiscal de Rosario de Lerma debería adoptar, entre las cuales está la de requerir que la Unidad Especial de Investigaciones del CIF resguarde las publicaciones realizadas en las redes sociales de Jarsún y que se libre oficio a la compañía Facebook para que brinde los datos necesarios para determinar si pertenece al legislador en cuestión.