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title: "Un fiscal pidió indagar al ex dipitado Emiliano Estrada por difundir “fake news” con fondos del Congreso"
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description: "Se acusa al ex legislador salteño por el delito de “peculado de servicios” a raíz de montar una usina de falsas noticias a cargo de dos de sus asesores."
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date_published: "2026-10-07T18:25:00-03:00"
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author_name: "El Expreso de Salta"
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# Un fiscal pidió indagar al ex dipitado Emiliano Estrada por difundir “fake news” con fondos del Congreso

La Justicia federal avanzó sobre el exdiputado kirchnerista Emiliano Estrada, acusado de haber utilizado recursos del Congreso de la Nación para financiar la difusión de presuntas noticias falsas en redes sociales. El fiscal federal Guillermo Marijuan le solicitó al juez Sebastián Casanello que lo cite a declaración indagatoria por el delito de *peculado de trabajos y servicios*, una figura que sanciona el uso de bienes o prestaciones del Estado con fines particulares.

De acuerdo al dictamen fiscal, mientras ocupaba una banca en la Cámara de Diputados, Estrada habría destinado fondos públicos al pago de dos asesores que, en lugar de realizar tareas legislativas, se habrían ocupado de confeccionar y difundir contenidos falsos en redes sociales, principalmente en la plataforma TikTok. Esas publicaciones, siempre según la acusación, se habrían hecho desde cuentas anónimas y con el objetivo de operar políticamente contra funcionarios, empresarios y periodistas vinculados a la provincia de Salta.

La investigación se inició en Salta, a partir de una denuncia del gobierno provincial del 16 de enero de 2025. Sin embargo, la Cámara Federal porteña dispuso que el expediente pasara a los tribunales de Comodoro Py 2002, al considerar que los hechos bajo análisis involucraban fondos del Congreso y que la presunta “usina de desinformación” habría operado desde las oficinas de Estrada en la Cámara baja.

## Acusaciones por una campaña anónima en redes

Según la presentación fiscal, la maniobra habría consistido en la creación y manejo de diversas cuentas anónimas en redes sociales, orientadas a vincular al gobierno salteño con el narcotráfico y a instalar sospechas sobre sus vínculos con actividades ilícitas. La Fiscalía Federal de Salta, a cargo de Carlos Amad, sostuvo que la estrategia buscaba “intimidar a la ciudadanía o manipular la opinión pública” para beneficio político de Estrada.

En el marco de la causa, los dos colaboradores del exlegislador reconocieron ante la Justicia que administraban esas cuentas y elaboraban contenidos críticos, y que lo hacían en carácter de asesores contratados por el entonces diputado nacional. Sobre esa base, Marijuan entendió que existían elementos suficientes para avanzar hacia la citación a indagatoria, instancia en la que Estrada tendrá oportunidad de dar su versión de los hechos y ejercer su defensa.

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### Respuesta del exdiputado y próximos pasos judiciales

Hasta el momento, Estrada ha buscado encuadrar la causa en una persecución por sus denuncias previas. En su perfil de X (ex Twitter), escribió: “De Salta, la provincia en la que cuando denuncié vínculos con el narcotráfico, una fiscal me armó una causa por ‘fake news'”. Con ese mensaje, el exlegislador sugiere que el expediente sería una reacción política a sus acusaciones contra funcionarios locales.

- El fiscal Guillermo Marijuan pidió que el juez Casanello lo convoque a indagatoria.
- Se lo acusa de haber usado asesores pagos por el Congreso para producir contenidos anónimos.
- La denuncia inicial fue presentada por la provincia de Salta en enero de 2025.
- La causa investiga un presunto esquema de propaganda digital financiado con recursos públicos.

> “Dichas tareas implicaban la confección y difusión de videos falsos, de manera clandestina y amparado en el anonimato de las redes sociales”, señalaron los fiscales al describir la maniobra investigada.

Ahora será el juez Sebastián Casanello quien deba decidir si hace lugar al pedido de Marijuan y fija fecha para la declaración indagatoria. De confirmarse esa medida, se abriría una nueva etapa en el expediente, en la que podrían profundizarse las pericias sobre las cuentas digitales, la trazabilidad de los pagos a asesores y el eventual impacto de la campaña en la opinión pública. La causa se inscribe en un escenario más amplio de debate sobre el uso de recursos estatales en estrategias de comunicación política y el límite entre la crítica, la difamación y la desinformación deliberada.

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