El terrible episodio ocurrió en el asentamiento Virgen de Urkupiña cuando una vecina y su hija denunciaron que un grupo de malvivientes estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en las inmediaciones de su vivienda, violando completamente la cuarentena obligatoria. La patota amenazó de quemarle la casa a la denunciante y de "abrirla como campera".
JUDICIALES 30 de marzo de 2020
La investigación comenzó a partir de la denuncia de una vecina, que precisó que el sábado a las 19, su madre reclamó a los imputados por problemas en las instalaciones eléctricas, cuando el grupo se encontraba en la vía pública, en el asentamiento Virgen de Urkupiña, de la zona sudeste de la capital, en infracción a las disposiciones del DNU del Poder Ejecutivo Nacional, que establece como medida de prevención de la epidemia del COVID- 19, la obligación de las personas a permanecer en sus residencias habituales, sin desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, con el fin de prevenir la circulación y contagio del virus.
En ese momento los imputados comenzaron una discusión con la mujer, arrojaron vasos de vidrio y se quedaron tomando bebidas alcohólicas toda la noche. Al otro día, a las 10 de la mañana, la denunciante salió a la calle y los imputados se le acercaron con cuchillos y palos, lanzaron piedras a su casa e ingresaron con los palos.
Al llegar la policía, logró la detención de varios y posteriormente de otros. Dos de ellos, aún libres, amenazaron a la mujer al gritar que:”ya vamos a quemarte el rancho y te vamos a abrir como campera, uno a uno los vamos a agarrar”.
En tanto, el menor imputado se encontraba en la vía pública peleando con un hombre, en clara violación de la cuarentena obligatoria. En ese caso se sometió el caso a proceso sumarísimo, por la declaración de flagrancia, ya que el joven fue aprehendido de manera inmediata posterior a la comisión del hecho por personal policial.
El fiscal Marcos Molinati imputó a Carlos Campaña, Gabriel Campaña, Juana Campaña, Dahaiana Campaña, Clara Castillo, Hugo González, Lucas Daniel Demarche, Ariel Mauricio Robles y Gabriel Tomás Carabajal por la supuesta comisión del delito de violación de medidas sanitarias en concurso real con violación de domicilio, amenazas con armas y daños. También fue demorado un menor, por la supuesta comisión del delito de violación de medidas sanitarias.
Los abogados de la familia de Florencia Acosta, una de las víctimas fatales en el siniestro de avenida Paraguay el domingo pasado, expresaron que accedieron a las capturas de los videos, pero que, entre el lunes o martes, tendrán el acceso a los materiales fílmicos.
Era nada más y nada menos que el director de general de Juventud y Niñez de la Municipalidad y fue detenido cuando debía reunirse con un chico de 12 años en el Parque San Martín. Pero a esa reunión fueron los padres, que lo increparon y llamaron a la policía, que tras la denuncia, lo pusieron a disposición de la justicia. El domingo - para indignación de los padres y mayores investigaciones- el acusado fue liberado por la justicia.
Tal como estaba previsto se realizó la noche del martes en la ciudad de General Güemes la marcha reclamando justicia en el caso que le costó la vida a Julieta Nahír Siles. Sorprendió la ausencia de principales autoridades del departamento, de concejales mujeres, y las denuncias de las oradoras de una campaña de difamación de la víctima, e incluso de amenazas anónimas. "Esta marcha no es contra nadie, sino para pedir justicia", aclaró una de las organizadoras. "Si es necesario salir todos los días para que se esclarezca lo que pasó, lo vamos a hacer", prometió otra.
El hecho fue denunciado por la madre de un menor, al tomar conocimiento de que había sido citado por un exfuncionario de la municipalidad en un punto de encuentro en la zona del parque San Martín. Finalmente no declaró el acusado de grooming y fue imputado de forma provisional.
Se realizaron allanamientos en varias viviendas de villa San Antonio, en donde se secuestró más de 10 mil dosis de drogas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, entre otros elementos vinculados a la causa.
Dos vehículos chocaron frontalmente en el camino de acceso al predio de la Virgen del Cerro. En uno viajaban dos mujeres, una de las cuelaes falleció cuando era atendida en el hospital. El conductor del otro vehículo, dio positivo de alcoholemia, quedó detenido por orden judicial.
En el marco de la causa contra siete jefes del Servicio Penitenciario, acusados de cobrar coimas para beneficiar detenidos, la Policía de Salta y el CIF, allanó el domicilio del Subdirector General del Servicio Penitenciario, Francisco Martínez.
El diputado provincial lamentó el hecho porque desprestigia a la actividad. “Después se hace difícil convencer a las comunidades que la minería es algo bueno”. Y pidieron desde la Comisión de Minería que al Ejecutivo que explique si “se están respetando las leyes”.
El legislador que preside la comisión de Minería, alertó que, más allá de que desde el Gobierno les decían que venían haciendo controles y que las empresas cumplían, “lo de Posco pasó en Güemes, enfrente de todos”. Pidió sanciones fuertes si se comprueban irregularidades.
El diputado provincial por la Capital, dejó entrever que el ex gobernador en 2011 usó el FRH para la campaña para su hermano que era candidato a senador. Y que el segundo crédito “fue un préstamo político que se usó para la campaña de 2015. “Estamos pagando una deuda por obras que no se hicieron”, aseguró Romero.
El diputado capitalino buscará reactivar la investigación sobre el FRH. “No puede ser que nos estemos endeudando de nuevo para pagar este tipo de préstamos, cuando no sabemos qué se hizo o a dónde se fue esa plata”, aseguró.