La justicia se expidió y el Gobierno no puede hacer más la vista gorda con los pacientes mentales que tenía en estado de abandono

JUDICIALES 28 de septiembre de 2022 Por Redacción El Expreso de Salta
La Provincia presentó un recurso de amparo, luego de que Curadora Oficial, María José Miranda, iniciara acciones legales debido al mal estado en el que se encuentra el Hogar San Rafael Arcángel de Cerrillos, que acoge a personas con restricción de capacidad dispuesta por la Justicia. La Corte Suprema intervino ordenando el inmediato traslado de los pacientes y el inicio de las obras de refacción en un plazo de 10 días.
poder judicial

La Corte de Justicia falló a favor y ahora el Estado deberá trasladar en un plazo no mayor a diez a los pacientes alojados el Hogar San Rafael Arcángel de Cerrillos, que viven en condiciones edilicias precarias y además las autoridades provinciales deberán iniciar las obras de infraestructura, el recurso de amparo también solicitaba  que se acondicionen tres casas en el barrio San Carlos, las cuales se alquilaron para alojar a los pacientes mientras se realizan las obras en el hogar.

Para emitir el veredicto, el Tribunal Supremo tomó en cuenta que “se encuentra comprometido es el derecho de personas con discapacidad a la protección integral de su salud, a una adecuada calidad de vida, y a su inclusión social plena, y que el Estado estaba obligado a fiscalizar y controlar si en el Hogar San Rafael se cumplía con los referidos estándares de protección"

La resolución advierte que las "deficiencias estructurales  son de larga data, que la intervención estatal se limita al otorgamiento de un subsidio, que no se les permitía ingresar al establecimiento por oposición del anterior administrador, o que carecen de la documentación sobre las personas residentes; lejos de justificar las omisiones incurridas son reveladoras de una conducta inconciliable con las medidas de cuidado y prevención que debían adoptarse para impedir la verificada vulneración de la
integridad de los residentes allí alojados”.

En este aspecto, el fallo resalta que “la pasividad estatal ante este cuadro de situación comporta
una conducta lesiva de los derechos de los residentes del Hogar, con grave menoscabo de la dignidad de la persona humana, lo cual resulta particularmente grave por tratarse de personas que conforman un grupo de riesgo en razón de su vulnerabilidad”.

La Curadora Oficial, y María José Miranda se manifestó en conformidad con el fallo al cual consideró como un importantísimo  precedente en la defensa de derechos de personas con discapacidades mentales. "La Corte ratificó que los 26 pacientes que residen en el Hogar San Rafael viven en condiciones indignas, en un establecimiento que no cuenta con agua caliente, las ventanas se encuentran sin vidrios,  el cableado está expuesto, entre otras falencias, sumadas a la falta de un seguimiento de la salud de los residentes por parte de profesionales del área de psiquiatría”.

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