Imputaron a las dos mujeres que explotaban sexualmente a otras en El Bajo

En el marco de una investigación penal iniciada por la Unidad Fiscal Salta, este viernes, la jueza federal de Garantías N°2 Mariela Giménez hizo lugar a la imputación formalizada contra de dos mujeres por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por el número de víctimas.

La acusación fue instada por el fiscal general Eduardo José Villalba, quien lleva adelante la investigación, en la cual ahora se encuentran imputadas Rita Vaca y Cándida Isabel Martínez, aunque no se descarta que existan otros implicados más en el hecho.

Al presentar el caso, el fiscal reveló que las pesquisas se iniciaron tras recibir una denuncia verbal que daba cuenta de la actividad ilícita, la que se llevaba adelante en un sector de un inmueble ubicado en calle Astigueta al 600, ubicado a pocas cuadras del centro de la ciudad.

El inmueble, según aclaró el representante del Ministerio Público Fiscal, es el mismo que fue decomisado el 14 de enero pasado, en el marco de una condena dictada por el juez Alejandro Augusto Castellanos, de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, al homologar un acuerdo de juicio abreviado acordado por el mismo fiscal Villalba y recaído sobre los dueños de la vivienda.

Al respecto, señaló que dicha condena se dictó a raíz de una investigación abierta por el mismo delito ahora imputado a Vaca y Martínez, aunque en aquella ocasión se lo achacó a los dueños de la casa, en la que habían montado un prostíbulo.

En el acuerdo condenatorio, la fiscalía logró de manera inédita el decomiso del inmueble, el cual fue entregado al Estado Nacional, siendo luego cedido al Ministerio de Desarrollo Social de Salta, el que, a su vez, entregó un sector del inmueble a la fundación “Volviendo a Casa”, la que lleva adelante talleres y actividades de concientización sobre el delito de trata de personas.

El resto de la propiedad, en tanto, quedó como albergue de las numerosas víctimas que fueron rescatadas, las que con el correr del tiempo emigraron con excepción de dos de ellas, Vaca y Martínez, a quienes se les permitió quedarse dado que por los efectos de la pandemia del COVID no pudieron conseguir otra vivienda.

Asimismo, se dispuso la firma de un acta, mediante la “cual se comprometieron a no incurrir en esta clase de actividad delictiva”. Esto sin embargo no sucedió, pues las dos acusadas, que habían señalado que se dedicaban a la prostitución, en realidad “su tarea era la de recaudar”.

La investigación

Todo esto, aclaró el fiscal, se pudo establecer gracias a un prolijo trabajo de personas de la División de Trata de la Policía de la Provincia, la que recopiló suficiente material probatorio en base a tareas de campo e inteligencia.

Como consecuencia de ello, este miércoles y por pedido de la fiscalía, se llevó adelante el allanamiento de dicho sector de la vivienda, como así también de otra casa ubicada en la esquina, a pocos metros. Como resultado, siete víctimas fueron rescatadas y se detuvo a las dos imputadas.

Posteriormente y entre otras diligencias, coordinadas por la auxiliar fiscal Nazarena Guzmán Alsina, el fiscal resaltó la colaboración en el caso de la psicóloga de la Unidad Fiscal Salta, Verónica Olguín y de la directora general de Abordaje Integral de la Violencia por Motivos de Género, María Laura López Ahanduni, perteneciente al gobierno provincial.

“No estoy avanzando en contra del ejercicio de la prostitución, sino del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, el que realmente estaba cometiéndose en dichos inmuebles”, explicó el fiscal, quien no descartó que las acusadas estén siendo regenteadas por otras personas implicadas.

Para mayor luz, describió los elementos secuestrados en ambas viviendas, siendo los mismos accesorios de los servicios sexuales que allí se producían e incluso, mencionó algunos dichos de las víctimas, quienes apuntaron a una de las acusadas como la “encargada” de una de las habitaciones.

Destacó, en base a esto, el daño causado por el accionar de las acusadas en el bien jurídico protegido en estos hechos. “Que es nada menos que la libertad, la que pierden al quedar sometidas a esta clase de delitos, en el que ya no se ven cadenas ni se comete en un sótano”.

“Ahora, las cadenas son invisibles, como la pérdida de la libertad que sufren las víctimas, quienes son tan aisladas que, en muchas ocasiones, no salen nunca de los claustros donde son explotadas para el beneficio económico de otras personas”, agregó.

En razón de ello, mencionó la obligación del Estado Nacional, adquirido a través de compromisos internacionales, de investigar a fondo esta clase de hecho, como así también velar por las víctimas e incluso gestionar la asistencia integral a las mismas.

Por último, al abordar las medidas de coerción, el fiscal fue consecuente con las premisas de este delito y, por el momento, desistió de pedir que ambas mujeres permanezcan privadas de su libertad, pues no descartan que también sean víctimas.

No obstante, solicitó que se impongan medidas restrictivas, entre ellas la de someterse al proceso, no obstaculizar la investigación, la prohibición de salir del país y, en este caso, también la de no acercarse al inmueble decomisado, el que quedó recuperar y puesto a disposición de la cartera social provincial.