La jueza Ana María Carriquiry le ordenó a la Provincia presentar un plan de Salud Mental en el plazo de 10 días desde el 26 de julio. La sentencia marca un precedente dado que las condiciones en la materia son precarias. No es la primera vez que se busca una solución a tales falencias mediante el uso de fallos judiciales, puesto que según el consultor en salud mental y psicólogo Rodolfo Ceballos, es la segunda vez en diez años que se judicializa la atención mental.
DE BUENA FUENTE 10 de agosto de 2022
Redacción El Expreso de Salta
La ciudad de Orán, en Salta, cuenta con un fallo judicial a través del cual, la jueza de familia Ana María Carriquiry obliga a la Provincia y el ministerio de Salud a elevar un Plan de Salud Mental ante su juzgado en un plazo de 10 días. Dicha medida fue impuesta tras la acción de amparo colectiva presentada por los Asesores de Incapaces del Distrito Judicial de Orán, por los derechos de los habitantes de la zona de contar con un servicio de salud mental de calidad.
"Es la segunda vez que el sistema de salud mental entra en conflicto con la ley y que luego ese accionar conflictivo lleva a que se produzca un amparo favorable a los representantes de Orán y condenatorio para la Provincia. En materia presupuestaria no avanzó la salud mental, por eso la jueza le da diez días a partir de la notificación del fallo para que organice el sistema de salud mental, porque no tiene siquiera un plan de salud mental", denunció Ceballos en el programa De Buena Fuente.
"Entonces se judicializa por segunda vez en menos de diez años la gestión de salud mental de la provincia, ¿Dónde se vio que un sector tan importante quede judicializado en los mismos términos?", cuestionó el profesional y reconoció "ahí se ve el déficit que hay en presupuesto, recursos humanos y en funcionamiento, sobre todo en hospitales generales, donde no hay salas de salud mental", finalizó.
El economista expresó que el conflicto en la DGR se podría haber evitado, y la Provincia debería resolverlo “porque necesita que Rentas recaude lo máximo posible en un contexto de caída de la recaudación”.
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El diputado provincial lamentó el hecho porque desprestigia a la actividad. “Después se hace difícil convencer a las comunidades que la minería es algo bueno”. Y pidieron desde la Comisión de Minería que al Ejecutivo que explique si “se están respetando las leyes”.
El legislador que preside la comisión de Minería, alertó que, más allá de que desde el Gobierno les decían que venían haciendo controles y que las empresas cumplían, “lo de Posco pasó en Güemes, enfrente de todos”. Pidió sanciones fuertes si se comprueban irregularidades.
El diputado provincial por la Capital, dejó entrever que el ex gobernador en 2011 usó el FRH para la campaña para su hermano que era candidato a senador. Y que el segundo crédito “fue un préstamo político que se usó para la campaña de 2015. “Estamos pagando una deuda por obras que no se hicieron”, aseguró Romero.
El diputado capitalino buscará reactivar la investigación sobre el FRH. “No puede ser que nos estemos endeudando de nuevo para pagar este tipo de préstamos, cuando no sabemos qué se hizo o a dónde se fue esa plata”, aseguró.